En una semana en la que el vicepresidente del gobierno, haciendo gala de lo público, ha sacado a relucir el artículo 128 de la Constitución que supedita toda la riqueza del país al interés general, el gobierno ha regalado, por decreto, 15 millones a las televisiones privadas.
En una situación de emergencia sanitaria como la actual, se puede entender que se hayan puesto a disposición pública todos los medios sanitarios civiles y militares. Por aquello de mejorar la organización.
Pero así como en sanidad se tiende a controlar los hospitales privados, con las televisiones se ha actuado al revés. Se les ha hecho un regalo para afrontar mejor su falta de ingresos. Cuando menos, llama la atención. Y ¿cuál es la razón?
Según la Exposición de Motivos del Real Decreto 11/2020 de 1 de abril de 2020, con esta ayuda se pretende, no solo compensar la brusca caída de ingresos publicitarios, sino, además, amortiguar los gastos y mejorar la liquidez.
Llama la atención que solo se ayude a las televisiones de ámbito estatal. Como si las de ámbito autonómico o local, mucho más vulnerables a los recortes publicitarios y con resultados más exiguos, no vieran peligrar su continuidad. Y ¿qué pasa con las radios y los diarios, tanto de papel como digitales, que se han visto abocados a realizar ERTEs o importantes reducciones de jornada a su personal? ¿No cumplen ellos un servicio también esencial y de mayor proximidad? Ya lo vimos en la crisis de 2008. Lo primero que recortan las empresas en época de crisis son los gastos en publicidad. Conozco a multitud de periodistas que, aun desde entonces, no han podido ejercer su profesión por la brutal reestructuración que sufrió el sector y de la que nunca se recuperó. Ahora otro mazazo.
Según Vozpopuli, los más beneficiados de estas ayudas del gobierno son Atresmedia y Mediaset, que obtuvieron beneficios por 118 y 211 millones respectivamente en 2019.
Entre las medidas adoptadas desde que se decretó el estado de alarma, destacan por encima de todas las que favorecen a colectivos vulnerables, particulares y consumidores. Mucho más lejos, en intensidad, son las dirigidas a las pymes y autónomos basadas principalmente en el diferimiento en el pago de sus obligaciones más que en la condonación. Ahí no se regala nada. Todo se difiere y se paga, por ello, intereses. Por eso, llama la atención que se riegue de dinero a las grandes corporaciones de televisión estatales. Es un regalo. Ese dinero no tendrán que devolverlo nunca.
Esta medida coincide en el tiempo con la apertura en el Banco de España para recibir donaciones de particulares para ayudar a afrontar los estragos que causa el virus.
Los sectores que se libran de una reducción de ingresos son pocos. Salvo supermercados, farmacias y empresas de logística, prácticamente todos los demás han sido castigados por este confinamiento, y muchas empresas, sobre todo pequeñas, probablemente no se recuperen nunca de este parón. No solo las empresas de televisión ven sus ingresos mermados.
El hecho de que de manera arbitraria se las beneficie a ellas y no a otros sectores es cuestinable. Sobre todo porque en este sector ya existen televisiones públicas que velan por el interés general.
Ayudar a las televisiones privadas, de una tendencia y de otra, a las más afines y a las menos, por encima de otros sectores y medios de comunicación, podría interpretarse como un intento de suavizar el mensaje crítico que pudiera llegar por la gestión de esta crisis porque, aun no siendo el momento de valorarse, una vez dejado atrás, habrá que afrontarlo.