La FEMP ha reiterado esta reivindicación ante la crisis provocada por el Covid-19. "En un momento de emergencia como el actual, es imprescindible atender a los sectores y colectivos más vulnerables y al tejido laboral y empresarial de los municipios", ha dicho el presidente, el socialista Abel Caballero.
La institución ha defendido que las entidades locales son "la administración más seria y cumplidora" de las reglas de estabilidad presupuestaria, frente al Estado y las Comunidades Autónomas, que arrastran déficit.
Una vez confirmado el cierre de 2019, la Federación plantea la flexibilización de la regla de gasto para que ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares puedan utilizar el superávit para acometer gasto social "en un momento en el que las necesidades son tan acuciantes". Entre otras, las políticas de empleo, a pesar de que no forman parte de las competencias locales.
De momento, el Gobierno autoriza a los municipios con superávit a realizar determinadas inversiones que tienen que tener la autorización de Hacienda. Ante la situación creada por el coronavirus, se ha autorizado un gasto adicional de hasta 300 millones de euros en medidas de lucha contra la pandemia, pero los municipios reclaman que se abra la mano para poder utilizar el remanente que tienen.
Desde la Federación se ha recalcado que estos remanentes generados en los últimos años pertenecen a las entidades locales y ha reivindicado su derecho a decidir cómo aplicarlos "para luchar contra el coronavirus, reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social", ha recalcado Caballero.
A su juicio, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells son necesarios en la gestión de la emergencia y van a ser "imprescindibles en la reconstrucción de la crisis". "Por eso es fundamental pensar en el día después, diseñar ya en nuestro ámbito planes de actuación y proponer medidas extraordinarias que sirvan para salir de la crisis", ha agregado.