SUCESOS Y TRIBUNALES

El empresario acusado de explotar a dos trabajadores en Mallorca: "Actué por un impulso de cierta caridad"

Redacción | Lunes 17 de febrero de 2020
El empresario acusado de explotar laboralmente a dos trabajadores en su finca de Mallorca, a los que pagaba 280 euros al mes, ha negado este lunes los hechos y se ha defendido asegurando que actuó por "un impulso de cierta caridad". Ambos vivían en la finca en malas condiciones, sin agua corriente y con los colchones en el suelo. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

El empresario acusado de explotación laboral niega los hechos. Ante la Audiencia Provincial de Baleares ha declarado que actuó por "un impulso de cierta caridad". Ese impulso le llevaba a pagarles 280 euros al mes por más de ocho horas de trabajo con un contrato de dos; los empleados vivían en malas condiciones en la finca mallorquina en la que desarrollaban sus labores. Es lo que argumentan los dos trabajadores en relación a la situación que vivieron en 2013.

Durante el juicio, que se ha celebrado este lunes, uno de los trabajadores ha dicho que los pagos nunca fueron regulares durante el medio año que estuvieron trabajando en la finca. Ha narrado que "tras los dos primeros meses", en vez de pagarles lo acordado empezó a llevarles comida. "Empezó a traer comida congelada de su casa", ha detallado, para luego explicar que el empresario se defendía diciendo: "Si ya tenéis comida, ¿para qué queréis dinero?".

"HACÍA LO QUE LE DABA LA GANA CON NOSOTROS"

Asimismo, ha explicado que no había agua corriente y que para utilizar el baño tenían que coger agua del pozo. "Calentábamos el agua con ollas para ducharnos y el váter no funcionaba", ha dicho. "Hacia lo que le daba la gana con nosotros", ha resumido.

También ha dicho que para poder trabajar ahí, les impuso la condición de que debían alojarse en la finca.

Por su parte, el otro empleado se ha manifestado en unos términos similares.

El empresario ha replicado que él, "como mucho", visitaba la finca "dos veces a la semana", que ellos tenían "total libertad" y que las barreras de la finca estaban abiertas y ellos tenían las llaves.

Respecto al trabajo, que sobre todo estaba relacionado con tareas de jardinería, el acusado ha dicho que "si veía que una semana no habían trabajado suficiente", les decía que "a ver si la semana que viene" podían "recuperar un poquito".

La defensa del empresario ha manifestado que lo dicho por el trabajador este lunes, se contradice con lo dicho en su denuncia ante la Policía y, posteriormente, durante la instrucción del juicio, ya que en aquellas dos ocasiones habría manifestado que su estancia en la finca era voluntaria, que lo hacía como "favor".

Además de varios policías que participaron en el caso, también ha declarado como testigo Ramón Morey -delegado del Gobierno en funciones hasta hace unos días-, que es inspector de Trabajo y llevó el caso. Ha dicho que el alojamiento de los dos trabajadores estaba en "condiciones nefastas", con "algunas de las paredes sin revocar", el "colchón en el suelo" e incluso "una ventana no tenía cristales".

Sobre el baño, ha detallado que estaba fuera, en un edificio anexo, y que no había agua corriente, no funcionaba el inodoro y estaba muy sucio y para buscar agua debían ir al exterior.

Morey también ha explicado que las dos víctimas hacían "más horas de las contratadas" y había irregularidades de descanso semanal, en materia de Seguridad Social y, además, cobraban por debajo del salario mínimo interprofesional.

LA FISCALÍA LE PIDE CUATRO AÑOS DE CÁRCEL

El Ministerio Fiscal ha elevado sus conclusiones a definitivas y le pide un total de cuatro años de cárcel. Considera que los hechos suponen un delito contra los derechos de los trabajadores.

Según la acusación, el empresario concertó un contrato al primer trabajador desde el 10 de junio hasta el 9 de septiembre de 2013 para realizar funciones de jardinería dos horas diarias de lunes a viernes. El documento establecía que el empleado tendría un periodo de prueba de 15 días y que su salario estaría estipulado según el convenio colectivo del sector.

En la práctica, el trabajador tenía un horario de 8.00 horas a 18.00 horas, con un día de descanso a la semana, y percibiendo por ello una cantidad de 70 euros a la semana en concepto de salario y 30, de manutención. La situación se prolongó hasta el 7 de noviembre de ese mismo año.

El 17 de junio de 2013 el empresario dio de alta en la Seguridad Social a otro trabajador en la categoría de jardinería, en el mismo horario y salario que el anterior.

Desde Fiscalía han relatado que, además, ambas víctimas vivían en la finca en condiciones de limpieza e higiene "deplorables" y no disponían de agua corriente, ni de aseo, ni de cocina.

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