La legislación que regula las incompatibilidades y los conflictos de interese prohíbe que un exconcejal pueda trabajar en el ámbito privado en asuntos en que haya intervenido en los dos últimos años.
Teniendo en cuenta que Molina dimitió de su cargo el 3 de mayo de 2018, aún no habrían trascurrido los dos años que la normativa establece para que el expolítico socialista pueda legalmente trabajar para una empresa contratista del Ayuntamiento del que fue concejal de Hacienda.
A mayor abundamiento, el exdirigente socialista fue el encargado en 2016 de negociar con Citelum una solución pactada a los contenciosos que la empresa de alumbrado público mantenía entonces con el consistorio. El montante total de la reclamación ascendía a 4,6 millones de euros y tras meses de negociaciones, se acordó el pago de 2,8 millones de euros. El acuerdo fue ratificado en el pleno municipal de diciembre de 2016.
Citelum Ibérica es una empresa creada en 1989, especializada en trabajar para los ayuntamientos en la gestión y mantenimiento de alumbrado urbano. Pertenece a la multinacional Citelum, líder mundial en el sector con presencia en los cinco continentes.
En la Carta Ética y de Conformidad del Grupo Citelum, disponible en su página web, se establece: “La contratación de una persona que haya sido depositaria de autoridad pública, encargada de una misión de servicio público, investida de un mandato electo público, de un funcionario o de un miembro de su familia, que pudiera crear un conflicto de intereses con Citelum, debe tratarse con la mayor atención y cautela. La decisión definitiva de contratar a esta persona debe ser precedida por un análisis profundo y de acuerdo con la política y procedimientos relativos a los conflictos de intereses”.
Además, se establece que los trabajadores deben privilegiar la ética y la conformidad en cualquier circunstancia, por lo que todos deben “Respetar y cumplir las leyes y reglamentos del país en el cual trabaja”.
Este periódico ha intentado contactar con el exconcejal socialista, sin éxito.