El caso reciente de la 'manada' de Corea ha colocado en el primer plano de la actualidad los casos de agresión sexual a menores tutelados. La pasada Nochebuena una joven de 13 años tutelada que se había escapado de su centro, acabó siendo víctima de reiteradas agresiones sexuales por parte de un grupo de chicos, la mayoría de ellos menores. El episodio ha abierto la caja de Pandora de las agresiones sexuales a menores que están bajo responsabilidad del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por parte de adultos o de otros menores que les empujan -o coaccionan- a que acepten relaciones sexuales a cambio de drogas o teléfonos móviles.
El IMAS ha reconocido la existencia de 16 casos de menores tutelados que habían sido víctimas de explotación sexual, 15 niñas y un niño. Este mismo miércoles se producía una cumbre entre Consell insular, Delegación de Gobierno, Guardia Civil y Policía Nacional para analizar la situación y crear una comisión de seguimiento de estos casos. También Fiscalía reaccionaba incoando diligencias penales para investigar los presuntos casos de tráfico de drogas y prostitución de menores dependientes del (IMAS).
La alarma social es grande, especialmente por tratarse de menores en situaciones de gran fragilidad. Y aunque no se puede hablar de redes de explotación sexual, sí se trata de casos puntuales muy graves sobre los que deberían funcionar mejor las alertas de prevención.
Todos estos casos -también en el Govern se confirmaba este miércoles el despido de cinco trabajadores, cuatro mujeres y un hombre, en centros de menores por "conductas sexuales inapropiadas" entre los años 2016 y 2019- demuestran que resulta insuficiente el sistema de protección. Cabe exigir mayor dedicación a este aspecto, de la misma manera que los responsables públicos deben dar todo tipo de explicaciones y, por supuesto, asumir las responsabilidades que hubiere.
No vale escudarse en que, por tratarse de asuntos en los que hay menores involucrados, no es aconsejable dar información, de la misma manera que no conviene distraer el problema ampliando el debate al papel de la prostitución en la sociedad que, aunque sea necesario, no ataja el problema concreto que afecta a los menores tutelados. El problema, que ha estallado por el caso puntual de Corea, es específico y debe afrontarse de manera directa, sin excusas.