Los agentes de la Guardia Civil que se han encargado de la investigación de la desaparición de Olivia, la menor que ha permanecido retenida por su madre durante ocho años en Polonia y que, al fin, se encuentra ya con su padre, han denunciado la “inacción” de la Policía y la Fiscalía polacas. De hecho, éste habría sido uno de los principales obstáculos para lograr un desenlace feliz en la angustiosa travesía personal que ha debido afrontar a lo largo de todo este tiempo Alberto Encinas, vecino de Pollença y progenitor de la menor.
Precisamente, en este sentido, los efectivos de la Benemérita han calificado la búsqueda incansable de Encinas como como un “ejemplo de lucha y perseverancia” que ha sido incluso capaz de rehacerse frente a los múltiples impedimentos que le pusieron por delante las instituciones y los aparatos burocráticos de Polonia. La fuerza policial tiene muy claro que ha sido el tesón de este ciudadano anónimo, muy por encima de la colaboración de las autoridades polacas, el elemento clave que ha permitido culminar exitosamente la operación.
La menor fue localizada, finalmente, en la población de Katowice, en buen estado de salud. Ahora, de nuevo en Mallorca, tanto a su padre como a los agentes de la Benemérita les ha “sorprendido” la actitud “increíblemente positiva” de Olivia a partir del reencuentro con la isla y con su familia paterna. En palabras del padre, ni en sus "mejores sueños” imaginó una respuesta de estas características por parte de su hija.
El propio Alberto Encinas ha revelado que la única petición que Olivia le ha formulado es la de tener la posibilidad de avisar a su madre de que no ha sufrido ningún revés y que se encuentra a salvo y en buen estado. Encinas se ha comprometido a facilitar este contacto porque, según ha indicado, su deseo es “no privar” a Olivia de la relación con su progenitora.
Sobre el futuro que se abre sobre esta mujer, que raptó a su hija hace ocho años y se la llevó consigo a Polonia, se dibuja, de momento, una gran incógnita. La Guardia Civil ha afirmado al respecto que ahora serán los representantes judiciales y gubernamentales de ambos países, España y Polonia, quienes deberán dirimir las consecuencias que tendrá que afrontar la madre de Olivia a nivel legal y procesal.