La insularidad conlleva unos costes cada vez más insoportables para las empresas y ciudadanos de Baleares. Si hace unos días era el incremento desmesurado de las tarifas aéreas entre las Islas y la Península para las próximas fechas de Navidad, este viernes saltaba la noticia de la más que probable subida de entre un 10 y un 20 por ciento para el transporte de mercancías por mar.
Los fletes marítimos sufrirán este incremento a partir de enero como consecuencia de la aplicación de la norma europea que obliga a las navieras a emplear combustibles con menos azufre, menos contaminantes que los actuales y notablemente más caros. La alerta la lanzaba la Federación Balear de Transportes que denunciaba la aplicación de la nueva norma sin que exista ningún tipo de bonificación que compense su aplicación, perjudicando a la competitividad de las empresas que quieran mover sus mercancías y a los consumidores locales que sufrirán una subida de los precios de aquellos productos llegados por mar.
Es de aplaudir el esfuerzo realizado por las administraciones para aumentar la sostenibilidad medioambiental del transporte. Pero el coste de esta sostenibilidad no puede recaer sobre los bolsillos del consumidor. En Baleares, ciudadanos y empresas ya se encuentran suficientemente castigados por tener que soportar unos costes de insularidad que no son compensados desde las administraciones.
El Régimen Especial Balear (REB) debería ser la herramienta que palíe esta flagrante discriminación de Baleares frente al resto de comunidades del país. Pero el REB sigue cojo. Su acelerada aprobación en febrero dejó aplazado el catálogo de beneficios fiscales que sigue sin aprobarse y que es elemento principal de una norma de este estilo.
El calendario político y el escaso peso de Baleares en el conjunto del Estado no animan a confiar en que el asunto tenga una rápida solución. Es más, la aparición de noticias como la de la subida de los fletes, hacen pensar que el problema no sólo dista de su resolución sino que, de retrasarse más su llegada , es probable que el futuro REB quede caduco desde el momento mismo de su aprobación.