Por estos hechos, la Fiscalía pide penas que suman 72 años y cinco meses de cárcel. Los acusados fueron arrestados en una gran operación antidroga desarrollada por la Guardia Civil en abril de 2018, bautizada como 'Operación Nemea'.
El escrito de acusación sostiene que los acusados formaban dos bandas estructuradas, dedicadas al narcotráfico a gran escala: una se dedicaba a introducir cocaína y cannabis en Mallorca, y la segunda red se encargaba de distribuir la sustancia, principalmente en las zonas de Calviá y Andratx.
Así, la Fiscalía describe la organización del grupo y los roles que cumplía cada uno de ellos, como guardar la droga, captar clientes, recaudar dinero adeudado o vigilar actuaciones policiales.
A principios de abril de 2018, los investigadores detectaron que la red pretendía transportar una partida de cocaína desde Barcelona hasta Palma, aprovechando que uno de los integrantes del grupo era conductor de camión en una empresa transportista.
Gracias a los pinchazos telefónicos y los seguimientos efectuados en la investigación, agentes de la Guardia Civil se trasladaron hasta los locales de la empresa y detuvieron al camionero, y le intervinieron una bolsa de plástico con cocaína que tenía guardada en su taquilla. La droga tenía una pureza del 83 por ciento y se ha valorado en casi 200.000 euros.
En la operación de la guardia Civil se practicaron registros en domicilios de Andratx y Campanet, y se incautaron diferentes cantidades de cocaína, hachís y cannabis, así como dinero en metálico y elementos para la preparación de la droga, como básculas de precisión.
A uno de los acusados se le imputa también un delito de tenencia ilícita de armas. Se trata del presunto cabecilla del grupo asentado en Mallorca, que se encargaba de la recepción de la droga y su posterior distribución en la Isla, según las tesis de la Fiscalía.
El escrito del Ministerio Público detalla que el acusado ofreció a otra persona -que declaró como testigo protegido en la investigación- una porción de cocaína para que la vendiera, pero que éste la consumió. Después, el acusado le entregó un objeto dentro de un envoltorio, que resultó ser una pistola.
Entonces, el testigo decidió comunicar los hechos a la Guardia Civil y entregó el arma. Se trata de una pistola semiautomática del calibre 6,35, fabricada en Bélgica, en perfecto estado de funcionamiento. La investigación constató que fue introducida ilegalmente en España. Por la tenencia ilícita del arma la Fiscalía pide dos años de cárcel a este acusado, además de los otros cargos.
El hermano del presunto cabecilla también está investigado por estos hechos, si bien no se le ha podido enjuiciar en este procedimiento porque se encuentra fugado.