Destacados sindicatos del sector de la educación como el STEI, UOB o ANPE han lanzado una dura campaña contra la Conselleria d'Ensenyament para conseguir que no se aplique en su ámbito el control de horarios que es de obligado cumplimiento en todas las empresas desde el pasado mes de mayo. Los docentes del sector público consideran atacada su dignidad y llaman a la insumisión ante el plan puesto en marcha por el departamento de Martí March.
El control del horario de los trabajadores en todas las empresas es obligatorio desde el pasado 12 de mayo, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de un Real Decreto destinado a luchar contra el fraude en las horas extras que se hacían pero que no eran abonadas. En ese momento, la oleada de críticas arrancó, sobre todo, por parte de las pequeñas empresas, con pocos medios para aplicar sistemas de control horario considerando, además, que la solución ideada aumentaba el papeleo, no ayudaba a la conciliación y era lo más parecido a matar moscas a cañonazos. En todo caso, el plan quedó aprobado para satisfacción de los sindicatos mayoritarios que lo habían reclamado a Moncloa y a los que Sánchez quiso complacer.
Probablemente, el sistema es manifiestamente mejorable. En el Siglo XXI, recurrir a sistemas propios del Siglo XIX no parece lo más acertado. En el siglo de la tecnología, cuando el debate se centra en aumentar la productividad -que no tiene que ver con las horas de presencia en el puesto de trabajo- o en la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, este tipo de medidas deberían estar superadas. Aún así, el control se aplica, se han instalado de forma masiva los relojes de registro horario y las inspecciones se han impulsado, bajo la amenaza de multas de más de 6.000 euros para las empresas que incumplan las medida.
Los docentes se han rebelado, ahora, contra el sistema. Quieren ser excepción de la misma manera que ya lo son otros colectivos -deportistas, artistas, políticos, altos diretivos...- que están excluidos del control horario. Podrá discutirse su pretensión, pero no es de recibo la llamada a la insumisión ni el perverso enfoque por el que, al hacer su reclamación, se pretenden situar por encima de los demás trabajadores, incluidos el resto de compañeros profesores que trabajan en el sector privado. Insisten en que si hay actitudes "malvadas" se hallan únicamente en las empresas privadas y que hacerles fichar es una indignidad.
La Conselleria no debería aceptar este tipo de planteamientos, por mucho que provengan de un colectivo fundamental en el sector público, que, además, ha ido incrementando su influencia política y social en los últimos años, un dato que no se escapa a los propios sindicatos de la enseñanza a la hora de presionar a la administración. La ley, para ser justa, debe de alcanzar a todos por igual.