El colectivo independentista Arran ha vuelto a provocar indignación en amplios sectores sociales con la publicación de un vídeo en el que muestran cómo arremeten contra una serie de coches de alquiler aparcados en la calle. En las imágenes distribuidas por sus redes sociales, los de Arran hacen pintadas en las carrocerías, pegan carteles, pinchan ruedas y hasta llegan a romper con martillos las lunas de varios vehículos. Es la forma con la que este colectivo protesta por la presencia turistas en las Islas. Puro vandalismo.
No es la primera vez que Arran protagoniza acciones de "turismofobia" como la divulgada esta semana. Antes la habían emprendido contra los cruceros, contra autobuses turísticos y -la más llamativa- contra los propios turistas que comían en los restaurantes del Port Vell de Palma donde, hace dos años, protagonizaron un asalto con bengalas. Ahora la han emprendido contra los coches de alquiler a los que consideran responsables de la "saturación, insostenibilidad y contaminación".
Ni estas las acciones pueden ser consideradas como meras anédotas, ni Arran puede ser tratado como un grupúsculo minoritario. Al contrario, se trata de acciones que están perfectamente coordinadas y planificadas por un grupo fuertemente vinculado a las CUP, con recursos suficientes y una hoja de ruta en la que la expulsión del turista sólo es un paso más en sus objetivos.
Por ello, las administraciones públicas, que defienden el interés general de los ciudadanos, deben tomar cartas en el asunto. En el caso del Ayuntamiento de Palma, sus responsables han condenado estos actos vandálicos, de la misma forma que han defendido que los turistas "son bienvenidos en la ciudad". Es una reacción responsable que, sin embargo, debería ir acompañada de la adopción de medidas legales contra los responsables de este vandalismo, personándose en las causas jurídicas que presumiblemente deriven de este tipo de acciones.
Por ese camino deben transitar el resto de administraciones, algunas de las cuales ni siquiera se han pronunciado aún. Es necesario, desde los poderes públicos, poner freno a este vandalismo con toda la contundencia posible, empezando por condenar los hechos sin ningún género de duda y siguiendo por las actuaciones legales y policiales que conlleven consecuencias acordes al perjuicio material y de imagen que infligen estas acciones.
Es la forma para que nadie pueda interpretar que desde algunos sectores de la administración se toleran o, incluso, se ven con simpatía y complacencia hechos que, no sólo afectan a la base social y económica de esta sociedad, sino que perjudican gravemente la convivencia.