Cuando el segundo gobierno de Armengol aún no ha echado a andar -todavía se están nombrando segundos niveles de la administración y determinando las competencias definitivas de algunos departamentos- el ejecutivo autonómico se encuentra ya frente a la necesidad de realizar una serie de ajustes presupuestarios que, muy probablemente, acaben con el recorte de algunos servicios.
La gestión de los últimos años y la falta de un sistema que garantice la llegada de recursos financieros justos desde Madrid ha llevado al Govern balear a tener un agujero de casi 500 millones en sus cuentas. El Gobierno central ha advertido de esta situación y ha exigido al ejecutivo de Armengol que proceda a reajustar sus presupuestos. La conselleria de Hisenda ya ha pedido al resto de departamentos que identifiquen las partidas que podrían ser objeto de recorte; aunque, dado que el mayor porcentaje del gasto autonómico va destinado a Educación y Sanidad, poco hay que analizar para concluir que ambos departamentos serán los más perjudicados.
La situación coloca al Govern ante la cruda realidad que significa reequilibrar sus cuentas, reduciendo servicios y dejando en el aire muchas de las promesas que en periodo electoral se habían venido haciendo. El proceso de ajuste debe realizarse con la mayor dosis de realismo y la máxima transparencia, si ello contribuye a una mayor comprensión por parte de los ciudadanos.
Es cierto que Baleares sufre una insuficiencia financiera estatal flagrante. La comunidad es la segunda que más aporta en el conjunto del Estado y la novena en recibir recursos desde Madrid. Un nuevo sistema de financiación es urgente, aunque la situación política nacional no hace prever que tal sistema sea una realidad en breve plazo -máxime si para ello es necesario el acuerdo como mínimo del PP y el PSOE, además de sumar otras formaciones que garanticen la mayoría reforzada requerida-.
En esta tarea, el Govern debería redoblar sus esfuerzos para reivindicar ante Madrid una justa financiación, cuando menos la parte pendiente del REB, que tanto el equipo de Armengol como los muchos ministros que pasaron por Baleares durante las recientes campañas electorales habían garantizado.
Pero mientras el escenario nacional no se aclara, de puertas adentro el Govern debe ser consciente de que es víctima de su propia herencia y actuar en consecuencia. Garantizarse más ingresos, no mediante la subida de impuestos, sino favoreciendo una mayor actividad empresarial que asegure una mayor recaudación. Promocionar en vez de prohibir y penalizar. Y contener el crecimiento de la administración, aunque ello obligue a Armengol a frenar determinadas expectativas, especialmente de sus socios. Porque mantener un gobierno que sigue aumentando el número de altos cargos mientras se recortan servicios o se incumplen promesas no es la menor forma de trasladar la situación a la sociedad, por mucho que queden cuatro años por delante antes de responder ante las urnas.