La polémica se inició a finales de 2018 cuando Llorenç Perelló (PP) era portavoz de la oposición (ahora es el alcalde del municipio) y solicitó explicaciones a Balboa por la contratación de un agente de policía. Una contratación que podría no haber seguido los procedimientos legales establecidos.
El Partido Popular puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía que ahora solicita la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de esa contratación que se justifica, según explican desde el equipo de gobierno anterior, en una situación de necesidad ante la falta de policías que no permitía ni cumplir los servicios mínimos.