La legislatura está llegando a su fin. Los ciudadanos, en general, gracias a las tecnologías de la comunicación y al esfuerzo de los medios, tenemos acceso a informaciones que antes nos eran hurtadas.
En este sentido, uno no puede mirar al otro lado ante la petición de una nueva pena de cárcel para el expresidente Matas, por parte de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, aparentemente, sin pruebas. En un proceso, en el que todos los medios que siguen el juicio afirman que no hay ninguna testifical, ni ningún documento, sobre el que se soporte la acusación.
La abogacía es el órgano del Govern que a finales del año 2016 cesó fulminante y vilmente a su director, el prestigioso letrado Luis Segura, por su decisión de no avanzar en acusaciones sin fundamento. Luis Segura, según lo publicado, fue cesado por mantener criterios técnicos, en dictámenes que afectan directamente a la libertad de los ciudadanos y que no eran del agrado ni estaban alineados con los intereses del Govern.
Aquella destitución elevó a la presidencia, desde la temporalidad, a Lourdes Aguiló, exdiputada del PSIB, que le sustituyó, tras el ajusticiamiento público. Aquella sonrojante actuación, explicada de forma titubeante por la consejera portavoz, dejó sin credibilidad a la Abogacía para las actuaciones futuras. En especial, las que tienen repercusión política. Y ya estamos en campaña.
Quedó deslegitimada como órgano asesor de gobierno y la puso a disposición de una formación política. Se dejó a la Abogacía, de forma temporal, hasta hoy, en manos de una exdiputada del PSIB y la convirtió en un órgano de partido. Las consecuencias se han dejado sentir en toda la legislatura.
Posteriormente hemos podido contemplar a un Govern que confunde con indisimulada frecuencia la administración con sus siglas, impone los postulados de los grupos minoritarios que le dan soporte a todos los ciudadanos y genera la permanente duda de si los recursos del gobierno trabajan para los ciudadanos o para sus partidos.
A punto de dar por finiquitada la legislatura, la abogacía se percibe como un órgano partidista, interino y en funciones dedicado más a dar soporte de campaña que a asesorar al Govern sobre los problemas de afectan a los ciudadanos.
Se siente, a este Govern, el poder le confunde. La posibilidad de pasar a la oposición le desquicia.