La Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación ha presentado este lunes el nuevo servicio público de tutela judicial de personas adultas. La consellera de este departamento, Fina Santiago, acompañada por el teniente fiscal de Baleares, Ladislao Roig, ha visitado las dependencias de este nuevo servicio, gestionado por la Fundación de Atención a la Dependencia y que supone la creación de una estructura pública para las personas declaradas incapacitadas judicialmente.
Santiago ha explicado que la administración pública tiene la responsabilidad de asumir el mandato judicial, pero hasta ahora no había ninguna estructura pública que garantizara este servicio, sino que funcionaba mediante la concertación con entidades sociales.
El nuevo servicio atiende tanto a personas que ya han sido declaradas incapacitadas por vía judicial, como a aquellas que tienen que iniciar el proceso judicial de incapacitación.
Por ello, el servicio dispone de un equipo de valoración y derivación de casos y de otro equipo de gestión de la tutela. Se atienden tanto los casos que vienen derivados directamente vía judicial, como los que hasta ahora atendían las entidades sociales, que progresivamente irán siendo asumidos por el servicio público.
Este servicio dispone de 34 profesionales, entre abogados, economistas, graduados en ciencias empresariales, psicólogos, trabajadores e integradores sociales y personal administrativo.
El servicio permite a los usuarios que la administración pública gestione las prestaciones o servicios a los que tienen derecho, el patrimonio personal o el acompañamiento en actividades cotidianas.
Tal y como ha señalado el teniente fiscal de las Islas Baleares, el perfil de estas personas es muy diverso y las necesidades son diferentes dependiendo de las situaciones individuales.
La creación de una estructura pública dirigida a estas personas "ha sido un objetivo de legislatura" y se trata del "único sector en el que la administración no tenía una estructura propia" ha recordado Santiago.