El documento se aprobaría el próximo jueves y califica de “conveniente” la reforma del Código Penal para que se recoja la figura de “suplantación de identidad en la red” y para que los parientes de fallecidos puedan denunciar en su nombre las calumnias e injurias vertidas sobre una persona fallecida.
Otra propuesta es la de que se prohíba a quienes han sido condenados por determinados delitos que puedan administrar páginas web.
En cuanto a la propuesta de una legislación internacional, esta se haría sobre el “conflicto en el ciberesapacio, igual que existe una legislación sobre la guerra clásica”. Una situación en la que España debe tener una participación “proactiva” en todos los foros internacionales para proteger el modelo de sociedad democrática y plural “que tenemos como propio”.
Se pretende así garantizar los derechos fundamentales y que existan unas normas internacionales “que permitan una gobernanza global de la red bajo los principios de colaboración y relaciones pacíficas entre Estados”.
No existen discrepancias entre los grupos parlamentarios al considerar la ciberseguridad como “uno de los pilares más importantes para garantizar la seguridad nacional” y, por ello, debe abordarse desde todos los puntos de vista (legislativo, normativo, presupuestario y organizativo).
Tampoco parece dudarse de que el mundo digital tendrá consecuencias en el mercado de trabajo, destruyendo una gran cantidad de los existentes en el modelo actual pero creando nuevos puestos relacionados con los ámbitos laborales emergentes, por lo que proponen una adaptación en el modelo educativo para facilitar la especialización en el sector.
Y, por último, señalan la necesidad de crear una cultura de la ciberseguridad.