Baleares es la tercera comunidad del país donde más caro resulta recibir una herencia, según el estudio que publicaba este miércoles mallorcadiario.com. Sólo la Comunidad Valenciana y Cantabria superan a Baleares en el ranking de comunidades donde resulta más costoso hacer frente a todos los gastos e impuestos que conlleva la ejecución de una herencia. Esta situación provoca, con cierta lógica, que nuestra comunidad sea también una en las que se producen mayor número de renuncias por parte de los herederos; concretamente, en un quince por ciento de los casos, sólo por detrás de Asturias y La Rioja.
Heredar no puede convertirse en un problema económico para muchos particulares que se ven empujados a renunciar a los bienes de unos familiares que probablemente pensaron confiados que beneficiaban a aquellos que quisieron en vida, cuando la realidad es que el patrimonio acaba engrosando la hacienda pública.
Una parte del problema reside en el pago del impuesto de sucesiones, una carga fiscal de la que los responsables políticos de la comunidad no quieren deshacerse, asegurándose jugosos ingresos. En otras comunidades autónomas, este impuesto ha sido suprimido para las herencias de hasta un determinado volumen o se hallan sometidos a grandes deducciones en función de las condiciones particulares de los herederos. En noviembre, el Parlament balear debatió, a propuesta del PP, una reforma fiscal que incluía la desaparición de este impuesto en herencias de hasta 300.000 euros. La propuesta fue rechazada por 33 votos del PSIB-PSOE, Podem y Més, frente a 22 votos del PP, El PI y Ciudadanos.
La justicia de este impuesto está en entredicho; en parte, por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en septiembre de 2014, determinó en una sentencia que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España no se ajusta a la legislación europea. Aún así, son muchos los políticos los que se aferran a mantener una vía de ingreso fácil y segura, aunque ello suponga que muchos ciudadanos deben renunciar a una herencia que les había sido concedida.
El hecho, además, de que no haya una armonización fiscal en este sentido entre todas las comunidades propicia, en muchos casos, una deslocalización de patrimonios. Y en todo caso, penaliza el ahorro y sobrecarga las economías de las clases medias, que son las que siempre acaban soportando el mayor peso de las cargas fiscales que a los gobiernos de turno se les antoja idear o mantener.