CSIF ha señalado que, tras haber sido el único sindicato que votó en contra del Decreto de Capacitación Lingüística del Govern de 2018, también ha presentado una demanda ante la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, contra esta disposición legal, por entender que vulnera el derecho constitucional de acceso a la función pública, en este caso, en el Sistema Nacional de Salud.
El sindicato ha señalado que dicho decreto del Govern contó con el apoyo, en la Mesa Sectorial de Sanidad, de los sindicatos UGT, CCOO, SATSE y USAE.
Según CSIF, el decreto vulnera el ordenamiento jurídico desde principios básicos de la Constitución, a la ley de función pública, el Estatuto Marco del Personal Estatutario y el Estatuto Básico del Empleado Público. El sindicato en Baleares insiste en que “la lengua debe ser un mérito que sume, pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública”.