Ese mismo año será el primero en que se prohíban las bolsas de plástico de un solo uso, los productos con microplásticos, las versiones no reutilizables de mecheros, maquinillas de afeitar y cartuchos de impresión y las cápsulas de café hechas con materiales no compostables o fácilmente reciclables. El objetivo de esta ley es "afrontar el reto" de protección del medioambiente del archipiélago, tanto por parte de los ciudadanos como de los millones de turistas que reciben cada año las islas, ha afirmado el conseller, que ha subrayado que el "mejor residuo es el que no se genera".
La regulación establece que los municipios tendrán que adaptar sus ordenanzas para promover la reducción de residuos con medidas concretas contra prácticas como dejar colillas en las playas e impulsará la instalación de fuentes de agua potable en los edificios públicos, donde tendrá que haber alternativas a la venta de bebidas envasadas.
Se contempla la reducción de hasta el 50 por ciento de los alimentos que desechan tiendas, bares, restaurantes y cocinas de establecimientos públicos como hospitales y colegios, para lo que se habilitarán mecanismos de distribución con comedores sociales y entidades benéficas. El proyecto legal contiene objetivos ambiciosos como alcanzar el 75 por ciento del reciclaje de envases en 2030. Ese mismo año un máximo del 10 por ciento de los residuos podría acabar en vertederos y un mínimo del 65 por cien del papel, metal, vidrio, plástico y restos orgánicos domésticos tendría que ser reciclado.
La recogida separada, esencial para cumplir estas aspiraciones, deberá estar implantada en los establecimientos públicos y privados en dos años y los consistorios deberán ofrecer recogida diferenciada a domicilio de materia orgánica, aceites, residuos textiles y peligrosos. Siguiendo el principio de "quien contamina paga", ha explicado el conseller Vidal, se plantean bonificaciones para buenas prácticas y sistemas para incrementar la información que garantice que los mayores productores de residuos asumen sus responsabilidades.
La ley, cuyo nombre completo es de Residuos y Suelos Contaminados, establece la creación de un inventario de suelos degradados por elementos contaminantes para promover su recuperación. Por parte del principal partido de la oposición, la diputada del PP Antonia Perelló ha advertido que la ley balear "adopta contenidos y medidas" que "aún no están resueltas" por la UE y que. más que prohibir, lo que se tenía que haber hecho es potenciar el consenso entre la administración, empresas y consumidores.