En esta misma línea, Carrau ha recordado que varios informes de diferentes instituciones coinciden en que los contratos menores "son el principal foco de la corrupción en España".
Por otro lado, el fiscal ha lamentado que en España no haya "órganos judiciales especializados" que se encarguen de los juicios de gran delincuencia económica. Asimismo, Carrau también ha manifestado durante este acto que "la lucha contra la corrupción no es un empeño desesperado" y que obtiene "logros".
Durante el turno de preguntas del público, Carrau ha dicho que es "cierto" que hay "hechos que el ciudadano no comprende", en concreto, "cómo peticiones de pena masivas de repente quedan ampliamente reducidas".
Al respecto, el fiscal ha explicado que antes de que existiera en el sistema la posibilidad de la conformidad, los fiscales solían pedir "una pena adecuada". "Ahora, sabiendo que el marco es entrar en una negociación, muchas veces nos excedemos y pedimos penas más elevadas", ha reconocido.
El fiscal ha añadido que también influye la posibilidad de que si se va a juicio termine en absolución. "Hay veces que tenemos más interés en sancionar conductas que pensamos que son delictivas antes de que se escape todo por un testigo que no va a venir o una prueba pericial que ha salido mal", ha argumentado, considerando que puede ser "mejor conseguir una condena aunque sea simbólica" para que al menos "quede probado que hubo actos de corrupción".
Además, Carrau ha subrayado que "la Fiscalía no tiene un portavoz que explique adecuadamente algunas rebajas de pena", como por ejemplo las derivadas de dilaciones indebidas, "que no se aprecian siempre". Por ejemplo, "si alguna causa se dilata en el tiempo pero ha estado activa", entonces "no procede" aplicar la atenuante. Con todo, ha lamentado que "cualquier rebaja de pena" dé la imagen "de que la corrupción no se persigue adecuadamente".
Preguntado por el respeto a la presunción de inocencia, Carrau ha incidido en que "en fase de investigación no se lleva a juicio a nadie si no hay un indicio" y ha declarado que el principal perjuicio para los investigados "no radica en las medidas judiciales sino en la trascendencia pública, porque en la prensa sale toda una investigación que según la ley es secreta", especialmente cuando los asuntos "se prolongan en exceso".
En el debate también han participado el director general de IB3, Andreu Manresa, la doctora en Ciencias Políticas y Sociología Benita Benéitez y el doctor en Derecho Procesal Jaime Campaner.