El Gobierno lleva al Consejo de Ministros de este viernes 28 de diciembre la bajada del límite de velocidad a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales, según confirman fuentes del Ministerio del Interior. De aprobarse esta medida, podría entrar en vigor a finales de enero, ya que primero tendría que aparecer en el BOE (previsiblemente en la primera semana de enero) y, a partir de esa fecha, la DGT tendría un plazo de 30 días para cambiar las señales de tráfico. Una vez cambiadas, empezaría a aplicarse la nueva normativa.
En concreto, desaparecería la actual diferenciación de limitaciones genéricas entre 90 kilómetros/hora y 100 kilómetros por hora existente para los turismos y las motocicletas en vías convencionales de un solo carril, estableciendo una limitación general de 90 km/h para estos vehículos, al ser estos "donde se han centrado la accidentalidad en los últimos años". En cambio, camiones, furgonetas, autobuses (si no cuentan con cinturones de seguridad para sus pasajeros) y resto de vehículos, podrán circular a un máximo de 80 en este tipo de vías.
La medida, que afectará a unos 10.000 kilómetros de los 165.000 de la red estatal de carreteras, contempla una excepción: en aquellas vías con separación física de los dos sentidos de circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h para turismos y motos. Es en este tipo de vías donde tienen lugar en torno al 75% de los accidentes con víctimas. Además, la velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20% de los casos.
Hasta la fecha, España es de los pocos países de Europa (junto a Rumanía, Polonia, Irlanda, Alemania y Austria) donde el límite de velocidad se encuentra en los 100 km/h. Así, el objetivo de rebajar el límite de la velocidad en las vías convencionales es que España se homologue con otros países europeos como Francia, que recientemente ha reducido a 80km/h y se sitúe más en sintonía con Bélgica, Croacia, Grecia, Italia, o Portugal, que tienen un máximo de 90 km/h en este tipo de vías.
La medida estaba en la agenda del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y del director de la DGT, Pere Navarro, después de que ambos avanzaran su intención de abandonar la iniciativa del anterior Ejecutivo de reformar la ley de Tráfico y apostaran por reformas legales puntales como ajustar los límites de velocidad o aumentar el castigo al uso del móvil al volante.