La reunión del ministro Ábalos en Palma con la presidenta balear ha servido para mostrar la buena sintonía de partido entre ambos dirigentes y para que el titular de Fomento relate los asuntos ministeriales que tienen que ver con las Islas. Sin muchas novedades. En materia de transportes, el titular de Fomento ha expresado su intención de estudiar un "techo" a las tarifas aéreas y ha anunciado sanciones si se llegan a comprobar "hechos irregulares" por parte de las compañías en la subida de precios que se ha producido tras el aumento de las bonificaciones a los residentes baleares. Para ello ha señalado que "se verán todas las medidas que podemos abordar" sobre este asunto. Un asunto que descubrió la agrupación de agencias de viajes y que pasó desapercibido para las administraciones que se habían declarado vigilantes para que no hubiera fraudes.
Sí ha concretado en 100 millones en diez años la inversión para ampliar el metro de Palma, incluso afirmando que se podría aprobar antes que el REB, del que, para desánimo del Consolat, no ha querido comprometer fecha.
Ábalos ha traído a Palma un ánimo colaborador, pero su visita ha pasado, como tantas otras, sin apuntar negro sobre blanco las soluciones que Baleares espera de muchas cuestiones que se deciden en Madrid y que nos afectan directamente.
Las relaciones de los diferentes gobiernos baleares con Madrid suelen empañarse cuando el color político de ambos ejecutivos no es coincidente. Los roces sobre diferentes asuntos competenciales abundan y las actuaciones de unos y de otros, en esos momentos de conflicto, se suelen interpretar como decisiones adoptadas desde un punto de vista de partido.
En el momento actual, desde el pasado verano, el gobierno balear de Francina Armengol tiene instalado en Moncloa un ejecutivo socialista que, en teoría, debería limar cualquier diferencia y ayudar en la toma de decisiones del Consolat. La sintonía personal entre los diferentes protagonistas es buena, al menos desde el punto de vista de las declaraciones públicas, pero no parece ser suficiente para desatascar una serie de contenciosos que se mantienen abiertos.
Durante el gobierno de Mariano Rajoy, el argumento de un gobierno central poco colaborador era un estribillo recurrente por parte del Govern. Meses después, con Rajoy ya fuera de Moncloa, la situación apenas ha variado y el discurso oficial del equipo de Armengol se pierde en frases esperanzadoras y escasa concreción. El discurso del Consolat ha perdido beligerancia, señalando mucho menos la necesidad de acordar una nueva financiación y olvidando totalmente temas como la condonación de 5.000 millones de la deuda que hace unos meses era un asunto capital.
La Comisión bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Baleares tiene que reunirse en breve para debatir varios asuntos en conflicto. Desde aspectos fiscales de la ley de la Familia a la de ley de Evaluación Ambiental, aunque aún quedan otros asuntos en los tribunales como el recurso a la Ley de los toros a la balear, que el ejecutivo de Sánchez no ha retirado.
En todo caso, el tema capital sigue siendo el REB. El nuevo marco de aportaciones con el que Madrid debe compensar la insularidad que sufre Baleares se anunció hace un año, quedó listo para firmarse en el primer trimestre de 2018, se retrasó tras el cambio de Gobierno en Moncloa y, ahora, reabiertas las negociaciones, sigue sin fecha después de que Armengol lo prometiese primero para noviembre y después para enero. Ábalos ha enfriado en Palma esta expectativa, situación ante la que se echa en falta un mayor espíritu combativo por parte de los gobernantes baleares.
No mostrase más reivindicativo cuando la contraparte negociadora es de tu mismo partido conduce a que muchos puedan dudar si la prioridad del Govern es la defensa del interés de los ciudadanos baleares o, por el contrario, pesa más la estrategia de partido.