Montesquieu decía que para evitar la concentración y el abuso, un poder debía detener a otro poder. Esa vigilancia y control mutuo, decía, es lo que garantiza la democracia.
Esta semana hemos presenciado como ese control entre los poderes se ha extralimitado y se han invadido competencias, propias (entre instancias diferentes) y ajenas.
Además de entrar en juego los poderes clásicos referidos por Locke y Montesquieu, esto es, el legislativo (el Parlamento, que hace las leyes), el ejecutivo (el gobierno, el que las ejecuta) y el judicial (jueces y tribunales, que vigilan su cumplimiento), en el asunto del impuesto de Actos Jurídicos Documentados de los préstamos hipotecarios han intervenido otros poderes: el económico, el denominado cuarto poder (la prensa) y, por último, el poder civil que ha anunciado movilizaciones. Menos mal que otros poderes, como el militar o el eclesiástico se han mantenido al margen y no han liado más la madeja.
La histriónica secuencia de acontecimientos que hemos vivido estos días ha sido la siguiente: el poder judicial ha emitido una sentencia en su instancia contencioso-administrativa que ha irritado al poder económico de la banca. Tras bajadas en la cotización bursátil de los valores bancarios, paralización en la firma de nuevas hipotecas y alguna que otra llamada telefónica, el Pleno del Tribunal Supremo, es decir, una de las instancias más altas del poder judicial ha paralizado la sentencia en cuestión para estudiarla en un hecho sin precedentes. Días después ha desdicho lo sentenciado por la Sala de lo Contencioso Administrativo. El poder judicial ha paralizado al poder judicial para favorecer al poder económico a costa del poder civil que es el que siempre acaba pagando el pato. Todo un galimatías.
Al día siguiente de la decisión del Pleno del Supremo, el poder ejecutivo (gobierno), procedió a modificar el sentido de la sentencia aprobando un real decreto-ley que obliga a pagar a los bancos el impuesto sobre actos jurídicos documentados, cambiando el sentido tomado por el Pleno del Tribunal Supremo. El poder ejecutivo enmienda la plana al poder judicial obligando al pago a los bancos, quienes lo repercutirán a los usuarios.
Ojo que todavía se puede complicar más: el poder judicial, a través de otra instancia: la del Tribunal Constitucional podría deshacer la acción del gobierno que ha modificado una ley cuya competencia es del Parlamento.
Si la separación de poderes garantiza el buen funcionamiento de la democracia, la intromisión de unos en la competencia de otros, la erosiona de manera importante. Estamos, pues, viviendo una época de retroceso democrático.
Como bien dice la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, en este proceso han perdido todas las partes: las instituciones por la falta de credibilidad, los bancos por falta de confianza (así lo ha recogido la bolsa con bajadas en las cotizaciones), los particulares por la incertidumbre y por las expectativas no cumplidas. Por supuesto, cada uno de nosotros somos los que pagaremos el impuesto, de una manera u otra. Esta alta ejecutiva es una voz autorizada del poder bancario y se lamenta de la visión negativa que se ha generado hacia la banca, reconociendo que la imagen que se tiene de ella no es la de hace diez años.
Como dije recientemente en esta sección, la pérdida de confianza en la banca, creadora de gran parte de nuestro dinero fiduciario basado solo en eso mismo, en la confianza, puede alterar nuestro sistema monetario. Y esa pérdida de confianza tiene varios frentes abiertos, también en el ámbito internacional.
Pero no obviemos al poder civil que ya se está organizando para movilizarse frente a las sedes del poder judicial y el poder bancario. Al fin y al cabo, son los clientes de los bancos y no conviene tenerlos muy enfadados. Los bancos dejarían de existir si no hubiera ahorradores e inversores que acudieran a depositar o pedir fondos. O, como anuncié recientemente, si se consolidara un sistema monetario paralelo como el de las criptomonedas.
Ojo que cuando se arma la sociedad civil, puede movilizar los cimientos del sistema. Cuando menos, puede tocar las puertas de Europa para que revise las sentencias y el poder judicial europeo podría desdecir, como ha pasado otras veces, lo que ha dictado el poder judicial español en su nivel supremo.
Pero es que además, la sociedad es la que hace cambiar cada cuatro años los miembros del poder ejecutivo y el legislativo. Por eso, no conviene estirar demasiado la cuerda y que siempre pierda el mismo.
Mi consejo, extirpar el mal. Eliminar una figura impositiva anacrónica. Quienes argumentan que hay que mantenerla porque está financiando las Comunidades Autónomas, están justificando el fin y no abordan el problema en su origen. No eliminarla hará que siempre paguen los mismos, directa o indirectamente. La banca nunca pierde.