La apertura del Año Judicial en Baleares se celebró este lunes con un dato destacado: el año abre con más de 61.000 casos pendientes en las diferentes jurisdicciones de las islas. Los órganos judiciales de la comunidad registraron un total de 75.951 asuntos, lo que significa un ligero aumento respecto a los 75.821 del año anterior, y se han resuelto durante estos meses 75.034 casos. Las cifras las ha facilitado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antonio Terrasa, y ponen de manifiesto la magnitud de la situación a la que se enfrenta la administración de justicia en esta comunidad.
El propio Terrasa ha remarcado la necesidad de reforzar determinados aspectos de la administración judicial. El presidente del TSJIB ha reclamado la urgencia de completar la estructura de dos tribunales colegiados, con una plaza de Magistrado para la Sala de lo Social del TSJIB, y otra para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Pero, sobre todo, ha puesto el acento en la imperiosa necesidad de "atender las necesidades" de los juzgados de violencia sobre la mujer de Palma. Estos juzgados no sólo han visto aumentada su carga de trabajo, sino que mantienen un funcionamiento de personal al límite. Hasta tal punto es así, que el pasado mes de abril tuvo que cerrar temporalmente uno de ellos por falta de funcionarios.
La actividad judicial se ha disparado en los últimos años y los recursos de la administración, tanto técnicos como humanos, no han registrado un incremento proporcional, hasta el punto de abundar en la tradicional lentitud de los procesos judiciales.
La asignatura sigue pendiente y los procedimientos largos acaban conllevando importantes consecuencias. A ello hay que añadir el aumento de denuncias por determinados delitos. Es el caso de los casos de violencia machista que han aumentado notablemente entre los más jóvenes. Según la Memoria de la Fiscalía presentada por el Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, las denuncias se han incrementado en las parejas más jóvenes, incluidas aquellas formadas por menores edad. En conjunto, la edad de las denunciantes se ha reducido, dando lugar a un fenómeno general que hasta ahora era minoritario. Se trata de actitudes a las que ahora se ponen cifras en los juzgados, pero que han sido identificadas por psicólogos y educadores en repetidas ocasiones durante los últimos años.
A la luz de estos hechos, cabe exigir un esfuerzo mayor para reforzar la estructura y los recursos de la administración de justicia. Pero también es necesario actuar en el plano educativo y de relaciones sociales por lo que se refiere a las actitudes de los más jóvenes.