Visto lo visto, y lo que se anuncia, puede llegarse a la conclusión de que ninguno de los dos co - gobernadores, Sánchez e Iglesias, en su esencia son Francófobos. A ellos, lo de la momia de Franco les importa solamente en la medida en que pueden gritarlo en alguna que otra reunión de conmilitones. Lo que verdaderamente corre por sus venas es una cristiano fobia furibunda. Franco no les molesta, lo que les molesta es la cruz, la gran cruz que se levanta sobre el monasterio y por encima de las peñas de Cuelgamuros.
Buena prueba de ello la encontramos en ese ataque contra los bienes de la Iglesia, acompañado con el san benito de que esta no paga impuestos y sí cobra de los impuestos de los ciudadanos, católicos o no católicos. Obviamente la réplica a este último punto referido también a CC.OO., UGT o la CEOE, no es en modo alguno aceptada por quienes consideran que la Iglesia no debe recibir dinero público alguno, ni ser sus centros docentes objeto de concierto económico. Sin embargo, todo ello empieza a ser una anécdota ante las pretensiones de comunistas y compañeros socialistas radicales. Como lo es ese deseo de eliminar la emisión de la Misa por TVE, que surge inmediatamente que un socialista entra en la Moncloa. Mas ahora se añade un elemento nuevo a esa cristiano fobia, la incitación al odio. Pablo, otrora agradecido por la oraciones en pro de la vida de sus hijos, expande la idea de que, cualquier oposición a una ley democrática debe ser sancionada, lo cual, traducido al roman paladino viene a significar que; fijar una posición que no comulgue con los baños bisexuales, las subvenciones pro lgtbi, la opiniones pro vida, debe, no solamente ser prohibida, sino sancionada cual delito de odio. A Podemos ya no le es suficiente la famosa y discriminatoria «educación para la ciudadanía» impuesta a diestro y siniestro, sino que implanta el delito de incitación al odio contra toda posición que no se inserte en lo que establece «la ley democrática». O sea que la libertad de opinión, de expresión, de cátedra, de enseñanza, para Podemos debe caer bajo el peso de una proposición no de ley surgida no del deseo de gobernar, sino del ansia de tiranizar. Y es que, oponerse pacifica y constitucionalmente a una norma para Iglesias es incitación al odio y, por descontado, que TVE dedique desde hace 30 años un espacio a la Iglesia Católica es anatema, y debe ser eliminado. Sin embargo, el programa judío «Shalom», o el evangelista «Buenas Noticias», o el musulmán «Islam hoy», esos no merecen atención alguna al diputado ateo.
Y como colofón de todo ello, ha instado una propuesta que exhorta al gobierno a levantar un registro — les encanta a los comunistas y a los nazis registrarlo todo —, para tener conocimiento de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia, en virtud de una modificación de la Ley Hipotecaria de junio de 2015, que menciona a todas las instituciones del Estado, hasta servicios organizados, aparte de la Iglesia católica. Para colmo, tal proposición se presenta «con vistas a recuperar y promover el patrimonio público perdido», gozando del beneplácito del Ministerio de Justicia, ávido de apropiarse de todo aquello que huela a sacristía. Semejante justificación es una artera excusa para dañar una institución que dedica, desde hace siglos, sus esfuerzos humanos y sus bienes inmateriales a promover — ahora sí puede usarse el verbo — el desarrollo integral del ser humano y la ayuda a los necesitados, sean del color que sean. Iglesias, en su obcecación malsana, en su ignorancia, no toma en consideración que la inmatriculaciòn de bienes, sean de una persona física o jurídica, no crea el derecho de propiedad, sino que este ha surgido con anterioridad, acomodadamente a la ley. No tener presente tal hecho es una demostración más que grosera de la ignorancia que adorna al ateo podemita y a sus compañeros socialistas.
Estamos recuperando tiempos pasados, con los restos de Franco, con el ascenso del separatismo catalán, a la usanza del «glorioso» Companys, con la confusión de laicismo con anticlericalismo, con el Obispo de Gerona pidiendo oraciones por los presos rebeldes o con una abadesa aplaudiendo con las orejas al president del lazo amarillo cuando masculla lo de la «república catalana», y con Podemos y Sánchez proclamando que arden en deseos de emular a Mendizábal y promover una nueva desamortización, a fin de incrementar o recuperar patrimonio público. Como si la Catedral de Mallorca, o de Burgos no hayan significado, durante siglos y más siglos, un valioso incremento y promoción del patrimonio, de la cultura, e incluso del turismo. Lo que verdaderamente atenta al sentido común es la inculta pretensión de, mediante una proposición no de ley, crear un efecto retroactivo que arranque en 2015 y que llegue a 1978, para discutir la propiedad de la Catedral de Córdoba, como si no fuese un hecho notorio la secular posesión de la catedral de Toledo, por ejemplo, por parte de la diócesis toledana.
Si el español no lo remedia, se nos anuncian sandeces, peligrosas sandeces, hasta el año 2030. Como jamás dirá el ateo Iglesias, «que Dios nos coja confesados»