La imputación de dos altos cargos de la Policía Nacional de Palma por el presunto cobro de sobornos por parte de narcotraficantes de Son Banya ha hecho saltar todas las alarmas. La acusación a la que el juez ha dado visos de credibilidad afecta al que fuera jefe de la Brigada de Policía Judicial, Antoni Cerdá, jubilado hace dos años, y al actual inspector Antonio Suárez. Ambos están acusados de favorecer a clanes del poblado chabolista a cambio de dinero, según la versión del narco Francisco Fernández Cortés, conocido como “El Ico”, a quien el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, da credibilidad.
“El Ico” es un habitual de las acusaciones contra policías que han acabado acusados de cohecho o de obstrucción a la justicia, entre otros delitos. Su testimonio ha sido dado por bueno en diversas causas y ahora apunta a los dos altos cargos policiales. El episodio es de extrema gravedad, no sólo por tratarse de dos policías con gran responsabilidad en las investigaciones de los casos judiciales más mediáticos, si no por la propia naturaleza del presunto delito que implica a quienes han estado al frente de grandes operativos policiales contra la corrupción y contra el narcotráfico, y que levanta una sombra de sospecha sobre alguna de estas actuaciones.
Tal posibilidad deberá dictaminarla el juez tras oír sus declaraciones. De momento, tanto Cerdà como Suárez se han apresurado a desmentir los hechos y atribuirlos a las ansias de venganza del clan. Las grabaciones, fotos, mensajes telefónicos y pruebas de los cobros que dicen tener quienes acusan serán parte fundamental en esta fase de la instrucción.
En Balears, hace una década, ya se produjo una acusación contra el que fuera Jefe del Grupo de Atracos de la Policía de Palma, José Gómez “Pepote”, que fue detenido, juzgado y condenado por sentencia firme del Supremo a cinco años y medio de cárcel por extorsionar y cobrar de “La Paca”, madre de “El Ico”.
Son episodios que difícilmente pueden ser entendidos por los ciudadanos, que ven cómo quienes están encargados de asegurar el orden y el cumplimiento de la ley se convierten en protagonistas del delito; de igual forma que muchos ciudadanos no entienden cómo es posible que siga existiendo un lugar como Son Banya, donde el acceso a la droga sea por todos conocido y pueda realizarse con la más absoluta facilidad.
Será bueno para el sistema policial y para la sociedad en general que las acusaciones contra Cerdà y Suárez no prosperen y que queden, como tantos casos que han sido objeto de investigación judicial, archivadas o resueltas mediante absolución; algunas de ellas, fruto de las diligencias iniciadas precisamente por los ahora acusados. Para saber cómo avanza el caso, sin embargo, habrá que esperar al próximo 8 de octubre que es cuando los imputados han sido citados para dar explicaciones ante el juez.