Después de meses generando titulares, y de numerosos dimes y diretes con asociaciones de navegantes, el Govern ha aprobado el Decreto sobre la conservación de la Posidonia oceánica en Balears. Es esta una de las medidas estrella en materia medioambiental de la presente legislatura que aspira a proteger 650 kilómetros cuadrados de praderas de posidonia de los casi 1.000 que existen en nuestras aguas, una necesidad ecológica de la que nadie duda.
El Decreto, pero, nace lastrado con algunos problemas que, lejos de darse por zanjados, persisten tras su aprobación. Uno de los principales lastres es la carga política de la medida. Ya en los primeros años de la Transición española Félix Rodriguez de la Fuente se granjeó la enemistad de buena parte del ecologismo al negarse a encabezar la candidatura de un partido “verde”. Argumentaba el naturalista y divulgador (aunque licenciado en Medicina, disciplina que nunca ejerció) que el ecologismo no podía ser la base de un partido político, sino que debería ser una cuestión prioritaria y transversal común a todas las formaciones, por encima de izquierdas y derechas. A nadie se le escapa que el Decreto impulsado por el conseller Vicenç Vidal (de Més per Mallorca, formación que se autodenomina “ecosoberanista”) señala como mayor amenaza de los campos de posidonia a los fondeos de embarcaciones recreativas. Desde la Asociación de Navegantes del Mediterráneo han denunciado en numerosas ocasiones que el Decreto “criminaliza” la actividad náutica.
Estudios de la Consellería aseguran que cada año se producen en Balears más de 26.000 fondeos en campos de posidonia y que por ello tal actividad debe limitarse y ser vigilada. Ello se avala periódicamente con videodenuncias de diversas plataformas ecologistas en las que muestran como las anclas de grandes embarcaciones arrasan con el fondo marino. Esas conductas no pueden permitirse y los propios navegantes apoyan medidas para evitar tales desmanes. La falta de diálogo del Govern con el sector náutico evidencia la existencia de un rechazo ideológico a la actividad. El lógico equilibrio entre actividad lúdica y empresarial y la preservación del medio ambiente no se ha puesto sobre la mesa. Gabriel Dolç, presidente de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN) ha sido claro al respecto: “sólo por echar el ancla ya te cae una multa, da igual que no haya pasado nada, te la calzan y listo (…) se nos demoniza cuando somos los más interesados en mantener un mar sano”.
La continua indiferencia de Vidal con los navegantes es doblemente preocupante: por una parte demuestra ese “lastre ideológico” que le lleva a menospreciar una actividad que genera numerosos puestos de trabajo, que es un innegable atractivo turístico de Balears y que representa a alrededor de 20.000 personas; y, por otra, pasa por alto una de las grandes amenazas a la posidonia. Los vertidos de agua sin depurar a la mar constituyen un problema de igual o mayor calado que los fondeos.
Según un estudio elaborado por la consultoría ambiental Tecnoambiente encargado por los servicios jurídicos de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, en Balears existen hasta 104 conducciones de vertidos al mar, 47 de ellos sobre campos de posidonia. Sólo en la Bahía de Palma se localizan tres emisarios que vierten aguas residuales sobre seis millones de metros cuadrados de posidonia. Mallorcadiario.com ha denunciado en múltiples ocasiones vertidos de aguas fecales y sin depurar en distintos puntos de la geografía de nuestra isla. Hace unos días se conocía una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de la Unión Europea que imponía a España una multa de 12 millones de euros por la “deficiente depuración de las aguas residuales”. La normativa europea obliga desde el año 1991 a que los municipios con población superior a 15.000 habitantes cuenten con los sistemas de depuración adecuados para evitar vertidos contaminantes en el mar, ríos y aguas interiores.
Debería reflexionar el actual Govern si se puede descargar toda la responsabilidad sobre los navegantes cuando la Administración pública lleva décadas sin cumplir con sus obligaciones. Esa misma reflexión podría llevar a plantearnos si el dinero que se recauda con la ecotasa no debería invertirse en depuradoras en lugar de en museos del ferrocarril, vivienda social o el fomento de la lengua catalana en la hostelería, fines a los que, sin duda, se le pueden dedicar otras partidas presupuestarias.