La banca española renace de sus cenizas y se suelta la melena de nuevo para conceder hipotecas y préstamos asumiendo riesgos similares a los de antes de la última crisis económica. También los asumen claro, y en mayor nivel, los afortunados que pueden acceder a los mismos haciendo realidad sueños que quizás de otro modo serian meras quimeras.
Esa euforia colectiva en la concesión de préstamos es contagiosa y al final se benefician de ella, no sólo los que viven de la especulación casi siempre, sino también los que no saben ni tan siquiera en que consiste especular. De ahí que quienes nos gobiernan debieran ser precavidos y, entre otras cosas, no debieran someter a presiones arbitrarias a una parte de la población que, por primera vez en su vida puede incrementar la rentabilidad de su patrimonio de forma totalmente licita y comprensible.
Hacer pasar por el embudo a la clase media acabara perjudicando al final y de rebote, a aquellos a quienes se pretende ayudar porque las ganancias que se obtienen a este nivel no son ganancias de grandes inversores que se reinvierten en la compra de otros inmuebles o en el mercando bursátil, sino que son ganancias que al final acaban en la cuenta bancaria del fontanero, del electricista, del carpintero, de la señora de la limpieza, de las tiendas de decoración etcétera.
Si quienes nos gobiernan no son capaces de entender que no hay reparto que más pueda favorecer a quienes más lo necesitan que el que deriva de los arrendamientos de inmuebles que durante los últimos años los propietarios (no empresarios) han podido gestionar, entonces estamos francamente perdidos.
La legislación debería centrarse en regular la actividad cuando la misma se gestiona de forma empresarial y cuando deja de ser un simple alquiler para convertirse en un negocio a gran escala. Pretender que pague lo mismo, por cada plaza de alojamiento, un propietario particular con una sola vivienda en alquiler que un profesional o empresa, es sencilla y llanamente: una arbitrariedad.
Al final pasa lo de siempre: el pequeño propietario ha dejado de arrendar porque no le compensa el gasto, ni la compleja gestión con las distintas administraciones; mientras que los que seguirán arrendando bajo el paraguas de esa Ley arbitraria, han podido incrementar sus precios al desaparecer del mercado, por arte de magia, una gran parte de la competencia. Aunque, si era esto lo que pretendían quienes nos gobiernan debemos felicitarle, siguen ganando dinero los mismos de siempre e invierten sus beneficios en lo mismo de siempre: ellos mismos.