La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha mostrado muy dura con las decisiones del Consell de Mallorca sobre sus restricciones a las grandes superficies. El órgano regulador considera que Balears, en general, tiene una de las normativas comerciales más restrictivas de toda España, calificando de "abuso" la moratoria establecida para grandes centros comerciales y evaluando en casi 24 millones de euros el sobrecoste anual que, por esta decisiones, tienen que soportar los consumidores baleares.
La postura de la CNMC no se refiere tan sólo a las más recientes decisiones de las administraciones baleares, ni a la última moratoria ni a la elaboración del Plan Director de Equipamientos Comerciales de Mallorca, donde se limitan los metros cuadrados de las futuras grandes supericies y que quedó avalado por una reciente sentencia de la sala de lo contencioso-admininistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Las quejas del órgano nacional encargado de favorever la competencia se remontan a decisiones adoptadas a lo largo de los últimos veinte años, todas ellas en línea de proteger al pequeño comercio en contra de las grandes superficies; una decisión que, para los técnicos de la CNMC, acaba repercutiéndose en los precios que pagan los consumidores, pero también en el empleo, la productividad, la innovación y la variedad.
La patronal del pequeño comercio no ha tardado en atacar a la CNMC, quien a su juicio sólo defiende los intereses de los grandes operadores, sin proteger un modelo económico sostenible y equilibrado que aseguraría la pervivencia de los pequeños comercios.
El consumidor se halla ajeno a este debate. Muchas veces, incluso, se muestra partidario de una de las dos opciones, pero en la práctica elije la contraria. Por eso, la defensa del pequeño comercio que realiza la administración puede corrresponderse con una visión equivocada y, a la larga, poco eficiente.
El apoyo de la administración hacia el pequeño comercio debería centrarse en facilitar ayudas a la modernización, la logística, la especialización, la difusión de las nuevas tecnologías y la venta por internet, de forma que el sector tradicional pueda alcanzar unos niveles de eficiencia que les permita competir con las grandes superficies. Las restricciones a las grandes superficies deberían estar más vinculadas con el urbanismo que con la actividad comercial propiamente dicha.
Solo prohibiendo es muy difícil que se pueda asegurar la supervivencia del pequeño comercio. Las barreras en el mercado pueden durar un tiempo, pero nunca el suficiente para garantizar que los consumidores opten de forma prioritaria por acudir a este tipo de establecimientos. Muy al contrario, mientras unos y otros debaten sobre si grandes superficies o pequeño comercio, los consumidores cambian y los métodos de compra evolucionan a velocidad de vértigo gracias a internet, impulsados por sistemas de producción y de distribución que se hallan muy por delante de cualquier actuación del tejido comercial local. Subirse a esa ola, y que la administración ayude a unos y otros puede ser una buena forma de afrontar el futuro con beneficio para todos, incluidos los consumidores.