Se ha puesto a información pública el anteproyecto de ley de la atención y derechos de la infancia y adolescencia de las Illes Balears.
Este anteproyecto incluye preceptos muy loables y tiene otros que, si se cumplen, perjudicarán seriamente los derechos de los padres.
Habría que mantener el principio clásico del Derecho de familia: los niños, por su inmadurez y vulnerabilidad, necesitan protección, y los padres son los responsables primarios, no delegados, de ellos.
Así, este anteproyecto, comparado con el Derecho clásico y con la misma Declaración de 1959, presenta una novedad jurídica de primer orden: la autonomía para los niños. Antes, sólo se reconocía a los niños derechos de protección, que no requieren ninguna capacidad mínima. Estos son distintos de los derechos de libertad -como los civiles y políticos-, que suponen la capacidad de tomar decisiones jurídicamente vinculantes, con las consiguientes responsabilidades.
Ésta autonomía legal a los niños no se puede admitir, por su falta de madurez, y tampoco, por tanto, pedirles responsabilidades por sus decisiones. Esto no es una discriminación contra los niños, sino una forma de protegerlos de las consecuencias de opciones inmaduras, y de explotación por parte de quienes se aprovecharían de su vulnerabilidad.
Por ejemplo la aplicación de mensajería WhatsApp prevé modificar próximamente sus Términos de Servicio, fijando la edad mínima para poder utilizar su servicio en los 16 años. El cambio afectará a su comunidad de usuarios de países como España, donde actualmente está establecida en los 13 años
Este anteproyecto permitirá ejercer "vigilancia externa" sobre la actuación de los padres, y justifica la intervención estatal "si los padres no obran en el interés superior del niño, o si contra lo razonable pretenden imponer sus criterios a menores maduros, capaces de decidir por sí. Y define un nuevo concepto de derechos específicos de los niños, y los gobiernos aceptan la responsabilidad de proteger a los niños del poder de los padres.
Donde se imponga tal interpretación, un menor podría querellarse contra sus padres por no dejarle ir con una pandilla. Casos semejantes se han dado ya, como señala el informe de la Family Education Trust británica. Desde luego, este anteproyecto de ley da pie a intervenciones estatales en familias donde los padres no cometen malos tratos ni otros delitos.
En suma, los derechos de los padres pueden estar inseguros según como se aplique este anteproyecto, de intenciones y no pocos contenidos admirables. Y esto sería en perjuicio sobre todo de los niños. El Govern parece no haberse dado cuenta de que han hecho a los niños un regalo envenenado. Les han dado más derechos y, por tanto, más cargas y menos amparo. Me pregunto si esta corriente de los derechos de autonomía para los niños no podría servir para justificar dejaciones de responsabilidad por parte de los adultos: los niños no quieren derechos, quieren cariño y protección.