Después de conocerse que el Pacte ha acordado in extremis un decreto de catalán en el sector sanitario pero con una moratoria de dos años para que los profesionales puedan acreditar la titulación, la cuestión ha aterrizado en el Parlament. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmado que la nueva propuesta garantizará que "ninguna plaza del sistema sanitario quedará sin cubrir por motivos lingüísticos", que se fundamentará en "la proporcionalidad" y "dará el tiempo suficiente para que la gengte se pueda presentar a los exámenes". El PP y Ciudadanos han exigido directamente su retirada inmediata. Y todo, con miembros de la Plataforma Mos Movem en el Pleno.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmado este martes en el pleno del Parlament que el Govern está trabajando en una nueva propuesta de decreto del catalán en la sanidad pública que garantizará que "ninguna plaza del sistema sanitario quedará sin cubrir por motivos lingüísticos", que se fundamentará en "la proporcionalidad" y "dará el tiempo suficiente para que la gente se pueda presentar a los exámenes".
En respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Cs, Xavier Pericay, la presidenta ha explicado que trabajan en la línea de aprobar en un decreto con "consenso", bajo la premisa de proporcionar "la mejor sanidad para los ciudadanos de esta tierra", ha remarcado.
El portavoz de Cs le ha recordado a la presidenta que el pasado 12 de septiembre ella afirmaba que "se estaba acabando de redactar el decreto de catalán en el Ib-Salut", por lo que ha criticado que hayan pasado casi seis meses y todavía no se haya aprobado una propuesta definitiva "ante la presión de sus socios de Govern, de MÉS per Mallorca", ha aseverado.
"Todos los gestores de los hospitales públicos de Baleares se han mostrado en contra del decreto del catalán", ha reiterado Pericay, quien la instado a Armengol a que "haga caso al sentido común y lo retire de una vez".
Por su parte, la jefa del ejecutivo autonómico ha valorado que su Govern "haya convocado oposiciones públicas" porque "cree en la sanidad pública y necesitamos estabilidad de las plantillas", ha indicado.
"Nosotros somos un Govern de diálogo, de pacto y de consenso y las medidas que aprobaremos para el acceso a la sanidad pública van esta línea", ha recalcado la presidenta.
"Seguimos trabajando para garantizar la mejor sanidad universal para todos los ciudadanos de las Islas. Esta es nuestra obsesión y,
por tanto, garantizaremos estas pruebas de oposición con esas condiciones", ha insistido la jefa del Ejecutivo isleño.
Pericay, que ha recordado a Armengol que las oposiciones "son fruto de un acuerdo del Gobierno de España con todos los sindicatos", le ha recriminado que "presida un Govern con expertos en encender fuegos, como la vicepresidenta "porque quemó los artículos de la Constitución".
"Lo que pasa es más que grave, hay muchos médicos, enfermeras y auxiliares que viven con gran preocupación su situación, y que deberán acabar dejando esta tierra porque no pueden acreditar el dominio de catalán", la lamentado el portavoz de la formación naranja.
Ante ello, Pericay ha instado a Armengol a que "sea valiente, ejerza la autoridad de su cargo y se imponga a los socios de su Govern". "Demuestre quien manda y retire de una vez este decreto", ha apostillado.
RIERA, A LA CONSELLERA: ¿ECHARÁN A LOS SANITARIOS QUE NO SE LO SAQUEN?
La diputada Núria Riera ha acusado al Govern de "asustar a miles de profesionales" con el requisito y se ha preguntado qué pasará con todos los profesionales que entren pero no acrediten el catalán en dos años -como en principio, maracará el decreto tras intensas negociaciones entre PSIB y Més- ¿qué hará, los echará?"
Riera ha cuestionado en el pleno del Parlament el acuerdo entre PSIB y MÉS según el cual los médicos y enfermeras que no tengan acreditación de conocimiento de catalán podrán opositar y, en el caso de ganar la plaza, dispondrán de dos años para sacarse el título lingüístico.
La diputada del PP ha considerado que ese acuerdo es un engaño de los socialistas a sus socios de Govern y ha hecho hincapié en que solo es un pacto político, puesto que aún tiene que ser sometido en la Mesa de Sanidad al criterio de los agentes sociales, que se han declarado mayoritariamente en contra del requisito de catalán.
"Es una barbaridad querer exigir el requisito de catalán hasta a 4.000 profesionales", ha incidido Riera, para quien eso supone primar la lengua sobre la capacitación profesional y constituye un "ERE ideológico" cuyo único propósito es "contentar a unos socios radicales y minoritarios".
La consellera de Salud, Patricia Gómez, le ha contestado que su partido no está legitimado para criticar una supuesta imposición ni tiene credibilidad cuando se muestra preocupado por la falta de profesionales sanitarios, ya que en la pasada legislatura echó a 1.400 médicos y enfermeras del sistema sanitario público.
Gómez ha defendido el proceso llevado a cabo por el Govern para consensuar el decreto que regulará las excepciones al requisito de catalán en el acceso al empleo en la administración sanitaria, unas salvedades que contempla la Ley de Función Pública.
La consellera ha insistido en que la garantía del conocimiento de catalán para salvaguardar el derecho de los pacientes a ser atendidos en cualquiera de las lenguas oficiales no mermará la calidad de la atención sanitaria ni dejará ninguna plaza sin cubrir
Por su parte, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha recriminado al PP que hable de "imposición" con el decreto del catalán cuando durante su legislatura aprobaron el Tratamiento Integral de Lenguas (TIL).
Así ha respondido este martes en sesión plenaria la consellera a la diputada del PP Núria Riera sobre su valoración del "rechazo frontal a la imposición del catalán en la sanidad por la mayoría de la ciudadanía".
Igualmente, Gómez ha insistido en que el decreto "destaca las singularidades del sector sanitario y permite excepciones" para garantizar que se cubran las plazas.
"Trabajamos en el decreto, dialogamos y consensuamos", ha indicado la consellera de Salud, tras criticar que al PP le preocupe que falten médicos "cuando echaron a 1.400 personas en su legislatura".
Además, Gómez ha afirmado que el Govern no hace política por el catalán "sino a favor de las personas" y ha asegurado que los ciudadanos "no se olvidan de que quitaron las tarjetas sanitarias y el decreto de garantía de demora".