El debate de política general que este martes dio comienzo en el Parlament de les Illes Balears con el discurso de la presidenta del Govern, Francina Armengol, tendrá este miércoles la respuesta de todos los grupos con representación parlamentaria. De este debate deberán salir propuestas de resolución que serán votadas por los representantes de la ciudadanía en la Cámara autonómica.
La actual situación económica desahogada, con un importante crecimiento del PIB, creación de puestos de trabajo, una mayor recaudación impositiva y, por tanto, mayores ingresos en las arcas del Govern, permite a la presidenta del Ejecutivo abordar medidas de justicia retributiva aunque obviamente supondrán un aumento del gasto público.
Armengol anuncia un ambicioso plan construcción de vivienda pública con un total de 486 pisos en toda Balears, un incremento de las deducciones por alquiler, la ampliación de la renta social a mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad, medidas de apoyo a las víctimas de violencia machista, el restablecimiento del decreto de garantía de demora en la sanidad pública (suprimido por el Govern de José Ramón Bauzá durante la legislatura pasada), y deducciones en el IRPF para las familias con hijos estudiando fuera del archipiélago.
Todas estas medidas suponen una mejora de la situación económica de mucha gente y ahora el Govern puede acometerlas porque está cumpliendo rigurosamente con las medidas de ajuste y limitación del endeudamiento que establece el Ministerio de Hacienda, cosa que no sucedió en la legislatura pasada, pese a las fortísimas medidas para reducir el gasto público que significaron una pérdida de calidad en los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación.
Sin embargo la presidenta incurrió durante su alocución en una falta de autocrítica clamorosa, presentándose como el Govern que recupera servicios públicos, como si el PP los hubiese cercenado por capricho. No se puede olvidar que al perder el poder el president Antich, con el conseller Carles Manera al frente de las finanzas autonómicas, la comunidad autónoma estaba en quiebra técnica, sin posibilidad de acceder al crédito, debiendo dinero a los proveedores y con el gasto público disparado y los ingresos desplomados.
También se echó en falta que Armengol citara el caso de los contratos otorgados por algunos departamentos controlados por Més a su jefe de campaña, Jaume Garau. El asunto está ya en el juzgado gracias a una querella criminal presentada por la Fiscalía, lo cual no es un asunto baladí y ni siquiera mencionarlo es una forma inútil de ocultarlo que se asemeja mucho a lo que hubiera hecho cualquier otro Govern salpicado por la corrupción.