“La ley ha sido todo lo contrario a una regulación es una prohibición de facto con una moratoria de efectos inmediatos que perjudica a las familias de clase media y baja”, ha añadido el miembro de la junta de Fevitur, Tolo Gomila.
Las asociaciones y plataformas solicitan una regulación que recoja algunas de las enmiendas del sector. Recuerdan que la Ley de Turismo aprobada el mes de julio afecta a dos leyes estatales “sobre las que no tiene competencia y sin ningún informe favorable por parte de la Abogacía del Estado o la Sindicatura de Cuentas”. El camino a seguir, dicen, es solicitar la personación del Estado y posteriormente se plantean una demanda frente al Tribunal Constitucional. “Supondrá un coste económico y temporal así que previamente pediremos a los diputados del Congreso o del Senado que nos apoyen mediante una moción”, ha añadido Gomila.
El presidente de Aptur, Joan Miralles, ha criticado que el debate sobre la masificación turística se centre únicamente en el alquiler vacacional cuando recientemente se ha publicado que un 70% de los hoteles tenían sobrepcupación. “El pasado mes de agosto sólo un 15% del visitante se alojó en vivienda vacacional. Todo el debate se basa en limitar el alquiler turístico pero no habla de poner límite a los hoteles y eso es lo que tiene que discutir esta comunidad y no resuelve esta ley”, ha dicho.
Miralles ha recordado que la Ley de Turismo se aprovó sin un proceso de adaptación lo que ha causado indignación y preocupación ante una norma “mal hecha” y “muy compleja”.
Por su parte, el presidente de Pimeco, Bernat Coll, ha recordado que “hace no muchos ños” los establecimientos de los municipios de la part forana cerraban durante los meses de verano. “Hoy, mercados y tiendas están llenos y eso es gracias al alquiler vacacional”, ha incidido.