La situación vivida este miércoles -y aún la madrugada del miércoles al jueves, para introducir el factor de nocturnidad- en el Parlament de Catalunya con la aprobación de la ley del referéndum y su posterior convocatoria, plantea un conflicto de dimensiones colosales entre el Parlament y el Poder Ejecutivo de una comunidad autónoma, que se declara en rebeldía con las decisiones del Tribunal Constitucional y con la legislación de la que emana su legitimidad: la Constitución Española y el Estatut d’Autonomía, que todos ellos se comprometieron a cumplir y a hacer cumplir.
El Gobierno que preside Mariano Rajoy se apresuró a anunciar la presentación de un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional y también a estudiar las eventuales responsabilidades penales contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa que aprobaron modificar el orden del día para introducir el debate y votación de la ley del referéndum. Así las cosas, con toda seguridad todo lo aprobado ayer por el Parlament será anulado y quedará en suspenso en el día de hoy, aunque la determinación de no acatar el mandato del Constitucional está presente de forma permanente por parte del Parlament y el Govern de la Generalitat.
Ante esta situación límite hay que lamentar profundamente que se haya llegado a esta situación que solo cabe calificar de esperpéntica, porque el abuso por parte de la mayoría parlamentaria proindependentista (que no social, pues los que se oponen al proceso separatista aglutinan más votos que los independentistas, no cabe olvidarlo) para imponer un referéndum inconstitucional y contrario al Estatut d’Autonomia, y de hacerlo además sustrayendo a los grupos de la oposición del trámite ordinario de debate en ponencia y comisión y además privarles también del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, significa que el referéndum adolece, además, de defectos procedimentales en su aprobación de gran calado. Pero lo cierto es que la aprobación de la ley del referéndum con prácticamente la mitad del hemiciclo vacía por las ausencias de los diputados de C’s, PSC y PP, demuestra la absoluta división de la Cámara y por tanto, de la sociedad catalana.
A partir de aquí solo cabrán ya soluciones jurídicas, cuando es evidente que la política debió evitar este conflicto de intereses sin necesidad de llegar a este punto donde el propio Parlament y su legitimidad ha saltado por los aires al incumplir la mayoría independentista la Constitución y el Estatut, además de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Lo único que ahora falta es saber qué hará el Estado para impedir que se celebre el referéndum, ahora que ya se sabe que no hay ninguna voluntad de asumir la suspensión que hoy mismo se imponga. Y qué consecuencias habrá para los impulsores de la votación de la ley del referéndum que sin atender a nada ni a nadie y pisoteando los derechos de los diputados de la oposición, se ha aprobado de forma bastante vergonzosa e indigna. Como algún diputado dijo, se dedicó más tiempo a debatir sobre el Consell Comarcal del Barcelonès que a debatir sobre el referendum de autodeterminación de Catalunya. Brutal.