No se puede decir de ningún modo que el hecho que el Centro Penitenciario de Palma sea noticia tan usualmente en los últimos tiempos, sea algo favorable ni que esté bien visto a ojos de la ciudadanía. Fundamentalmente porque no se trata de asuntos positivos ni que sirvan a la principal misión que todo centro de estas características debe cumplir según la Ley, que es la reinserción social de los presos. La cárcel de Palma vuelve a acaparar titulares de prensa tras la denuncia de un abogado en ejercicio, Vicente Campaner, que relata un episodio de obstaculización a su labor de defensa de un interno por parte de la directora de la prisión y del jefe de seguridad.
El asunto es grave y de confirmarse, hace precisa la adopción inmediata de medidas contundentes por parte del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Porque no se puede obviar la existencia de casos anteriores de quejas e incluso denuncias públicas de vulneración de derechos de los internos y también de conculcación de derechos fundamentales, como sucedió con Margarita Sotomayor cuando se encontraba en tercer grado, en declaraciones a IB3 TV, por las que sufrió las consecuentes represalias por su atrevimiento. También la nunca explicada dimisión de la anterior directora de la prisión, que al parecer se encontró con una oposición frontal a su gestión por parte de los funcionarios, lo cual, de por sí, es sumamente extraño y sospechoso.
El abogado que ahora ha denunciado la situación en el juzgado de guardia, ejerce la defensa de Barlolomé Cursach y Bartolomé Sbert, ambos en prisión preventiva desde el día 3 de marzo en el caso de supuesta corrupción en el seno de la Policía Local de Palma. Y se diría que este caso, por el que están privados de libertad de forma provisional, bajo el que aún pesa parcialmente el secreto de sumario, está viéndose afectado en las últimas semanas por múltiples vicisitudes que dejan entrever que la causa está menos cerrada de lo que cabría esperar tras tantos años de instrucción y con más de un centenar de imputados. Las quejas de la Policía Nacional contra el fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán, y la entrada en escena del fiscal anticorrupción en excedencia, Pedro Horrach, al que el primero acusa de incurrir en incompatibilidad, obligan a la intervención del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que anuncia su visita a Palma en los próximos días.
Así las cosas, procede que las cosas se serenen y alguien con autoridad ponga orden en un caso de por sí muy complicado y en que cada cual parece buscar salir bien parado, en lugar de perseguir el esclarecimiento de los hechos con escrupuloso respeto a la Ley y a los derechos de todos los implicados, sin lo cual no hay Justicia ni Estado de Derecho que valga.