El acuerdo entre el grupo popular y la regidora socialista Angélica Pastor no ha prosperado después de que la mayoría de gobierno haya decidido no visualizar las distintas posiciones que sobre este asunto tienen PSOE, por un lado, y Més y Podem, por otro. Así, la mayoría de izquierdas ha suprimido la palabra "ilegal" del debate y ha propuesto una regulación sobre la venta ambulante en general enmarcada en la ordenanza sobre vía pública.
La portavoz popular, Marga Durán, ha señalado que "nos hemos encontrado con que se ha presentado una nueva enmienda transaccional que no aceptaremos, ya que ésta hace alusión a la venta ambulante en general, en lugar de centrarse específicamente en la ilegal, que es la que debe prohibirse vía ordenanza municipal". Para Durán, "el problema es que, como siempre, el equipo de gobierno no se pone de acuerdo, lo que se traduce en una permanente parálisis en la gestión" y ha apuntado a que "la venta ambulante legal ya está regulada, quienes se dedican a ella pagan las tasas y los impuestos pertinentes". "La venta ambulante ilegal -ha señalado- se prohibía expresamente por el artículo 80 de la antigua ordenanza de ocupación de vía pública, pero ha sido eliminado del actual borrador, lo que origina un peligroso vacío legal al que hay que poner remedio de inmediato”.
Durante el debate de la iniciativa, el regidor del PP Fernando Rubio ha señalado que "las ordenanzas del Ayuntamiento deben incluir una prohibición expresa de la venta ambulante ilegal con una regulación específica" y ha lamentado que "el equipo de gobierno, debido a sus diferencias internas, haya rechazado una propuesta beneficiosa para el interés general de la ciudad" y que “con su actitud esté impidiendo que se ponga coto a un problema que afecta a vecinos, turistas y comerciantes de Palma y que está generando un efecto llamada a nivel nacional”.
La concejal de Podem Aurora Jhardi discrepa de la regulación de este asunto y apela a que se incluyan elementos de contenido social para los vendedores del 'top manta' desde un punto de vista nacional. Por su parte, los comerciantes han reclamado reiteradamente una regulación que mantenga la prohibición y que multe a los compradores.