Los municipios de Mallorca están de enhorabuena. La conocida como Ley Montoro (Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) se aprobó en una época de duras restricciones que afectaron a todos los ámbitos, privado y público. A las Entidades Locales les supuso un corsé que está a punto de deshacerse. Los ayuntamientos solicitan poder emplear el superávit en políticas que, según ellos, beneficiarán directamente a los ciudadanos. Sobre todo en creación de empleo y generación de servicios.
La Federación Española de Municipios se reunió recientemente con los partidos políticos para presentar enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, especialmente de la relativa a la reinversión de los 7.000 millones de euros de superávit obtenidos por las Entidades Locales en 2016. La enmienda presentada es una modificación de la Disposición Adicional nonagésimo segunda, cuya incorporación permitirá a los Consistorios completar la tramitación y ejecución de las inversiones que se realicen con este superávit durante los años 2017 y 2018 (éste último será el año límite para invertir) y ha sido avalada por la mayoría de partidos políticos. La ponencia para analizar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 se reunirá el próximo jueve. Todo prevé que prosperará y el desbloqueo de la situación actual será una realidad.
La posibilidad de emplear el superávit supondrá un alivio a situaciones dramáticas vividas en algunos ayuntamientos que, aún poseyendo liquidez, no han podido contratar personal para afrontar proyectos beneficiosos para la comunidad o incluso subvencionados por organismos supramunicipales pero imposibles de justificar al no poder aumentar plantilla. Aunque habrían podido recuperar parte o todo el coste, vía subvención. Hasta ahora la ley Montoro únicamente permite satisfacer deuda bancaria o inversiones calificadas como sostenibles.
El superávit se conoce técnicamente como remanente de tesorería y es el indicador clave de la liquidez de un ayuntamiento. Se calcula minorando a los fondos líquidos y a los derechos pendientes de cobro las obligaciones pendientes de pago. A fecha de cierre de 2016, el remanente positivo de tesorería de los ayuntamientos de Balears es aproximadamente de 400 millones de euros, destacando Alcudia con unos 40 millones de euros que, hasta ahora no podía emplear.
Esta medida viene a secundar otras llevadas a cabo por el Gobierno Central para mejorar la liquidez de las Administraciones Locales. Se iniciaron en el año 2012 y a día de hoy, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ascienden a más de 189 mil millones de euros, siendo el Fondo de Liquidez Autónomico el máximo exponente. Estas medidas aliviaron a los proveedores de los ayuntamientos, consiguiendo cobrar las facturas pendientes. A día de hoy, en la mayoría de ayuntamientos se ha reducido de manera importante el periodo medio de pago. En el caso del ayuntamiento de Palma, sin embargo, el periodo medio de pago se incrementó entre el cierre de 2015 y 2016, pasando de 38,87 días a 48,89 días. A cierre de febrero de 2017, vuelve a reducirse a 40,12 días.
El desbloqueo del remanente de tesorería es, sin embargo, una medida ampliamente demandada por los alcaldes que se ha hecho esperar más de lo deseado.
Tanto la mejora en el periodo medio de pago como la disponibilidad del superávit municipal son medidas que inyectarán liquidez a la economía local y favorecerán el desarrollo del tejido empresarial de proximidad y la contratación de trabajadores.