El 38º aniversario de la Constitución Española ha vuelto a poner sobre la mesa las alabanzas de rigor y también las demandas de su reforma, cada cual según su interés particular o partidista. Unos pidiendo avanzar hacia el Estado federal, otros para resolver aspectos puntuales y concretos y limitándola solo a eso, otros reclamando que sea enterrada definitivamente para abordar un proceso constituyente. Muchos se olvidan que la gran virtud de la Carta Magna vigente fue la de nacer fruto de un amplísimo consenso político y un notable respaldo social, contrariamente a lo que ha sido la característica de la historia del constitucionalismo español, donde cada partido que llegaba al Gobierno dictaba su propia Constitución, por lo que su vida era muy corta ya que el siguiente Gobierno la derogaba y establecía la suya. La Constitución de 1978 logró ser la de la mayoría de los españoles, no siendo de ningún partido en concreto.
Sin embargo esto se antoja dificilísimo en el contexto político e histórico actual. Porque lo primero que convendría hacer es que aquellos que exigen una reforma constitucional, acatasen la vigente y la respetasen, cosa que es bastante dudoso que muchos hagan. Sobre todo, atendiendo a que no acuden a los actos institucionales que se llevan a cabo en todo el territorio nacional. Ni los nacionalistas e independentistas, por un lado, ni Izquierda Unida y Podemos, por el otro, parecen respetar la Carta Magna que ha permitido un régimen de libertades públicas y un progreso social y económico como nunca antes había experimentado el país. Pero allá ellos.
Lo que sí conviene señalar es que los nacionalistas e independentistas quieren articular un modelo territorial a su propia conveniencia y mayormente, fuera de España, quebrando la unidad territorial. Y Podemos junto a Izquierda Unida, si ya no son lo mismo, lo que es muy dudoso, quieren cambiar el modelo político del Estado, dejando atrás la monarquía parlamentaria y transformándolo en una república.
Dado que ni PSOE ni PP quieren avanzar por ese camino, solo se avizora un cambio constitucional con un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos, lo que rápidamente sería criticado por los de Pablo Iglesias, acusándolos de tejer una Constitución según los intereses de la “triple alianza”. Y por tanto, si eso ocurriera, los mismos que ahora exigen un proceso constituyente negarán toda la legitimidad a la reforma de la Constitución sencillamente porque no va por donde ellos quieren que vaya.
Así pues, la tan demandada reforma es un proyecto imposible y que nada solucionará porque hay quien pretende, incurriendo en los viejos errores históricos, hacer una Carta Magna para su partido y no para el país en su conjunto, que perdure en el tiempo y que solucione los problemas que atenazan a la sociedad. La reforma que algunos exigen rompe España y su cohesión territorial, lo cual es inaceptable para los partidos mayoritarios sin cuyo concurso, ningún cambio constitucional tiene viabilidad.