La diputada de Podem exige que se archive el expediente disciplinario abierto por su partido y se le rehabilite en todos sus derechos como militante "todo ello, sin perjuicio, de las acciones legales que me correspondan para instar el resarcimiento de daños morales".
Para Seijas, al igual que Huertas, la decisión del Consejo Ciudadano a raíz de las comunicaciones desde Balears, atacan frontalmente el derecho de expresión y opinión en el seno de los partidos políticos.
"El expediente disciplinario incoado se ha construido no sobre hechos legalmente punibles, sino sobre unas bases endéblez, sin carga probatoria fehaciente, y, por ello, la única explicación plausible es que se han incurrido en “desviación de poder”, con la perversa finalidad de eliminar una militante del escenario político, a la que el Secretario General (Alberto Jarabo) califica de tóxica, que se empeña en hacer realidad los fines y programa de PODEMOS".
De hecho, la diputada insiste en que a su juicio "subyace, en esta actuación del CCE, inspirada y alentada -no me cabe ningún duda- por sus interlocutores directos en Baleares el Secretario de Organización (Alejandro López) y el Secretario General (así se infiere, sin dificultad, del acuerdo de incoación del expediente y de los hechos relacionados en el Anexo documental) tiene como finalidad manifiesta laminar, en mi caso una voz crítica y discrepante con el trabajo político del Secretario General".
SU 'NO' A LOS PRESUPUESTOS ERA UNA OPINIÓN Y DEBÍA PASAR POR EL CCA
Seijas asegura en su escrito que su 'no' a los presupuestos por, supuestamente, intentar favorecer los intereses de su compañero Daniel Bachiller, no era definitivo y en todo caso, se trataba de un opinión. "Mi posición siempre ha estado dirigida a fijar la posición política del CCA sobre el “acuerdo” de los presupuestos de 2017, que finalmente fue firmado por el Secretario General y sin la aprobación del CCA; esta aprobación, a día de hoy, salvo error, por mi parte, no se ha producido por el órgano ejecutivo del partido".
Además, considera que su opinión "que de una u otra manera – en el contexto del debate previo a la reunión del CCA de 31/10 - ha sido compartida por otros compañeros y compañeras, solamente ha merecido la respuesta disciplinaria del CCE centrada, selectivamente, en tres militantes, cuando, además, la mayoría de miembros integrantes del CCA habrían incurrido, según Aina Diaz, en conductas que podrían ser constitutivas de delito, por haber adoptado acuerdos (el de 31/10 en el CCA) que, en igualdad de trato, también podrían vulnerar el Artículo XI del Código Ético.