Dos periodistas del panfleto denominado ‘Público’, estrecha y orgánicamente ligado al programa de Pablo Iglesias La tuerka y, por ende, vinculados al entorno ideológico de Podemos, difundieron el día 21 de este mes, a modo de noticia, el contenido de una supuesta conversación mantenida entre el ministro del Interior y el responsable de un organismo denominado ‘Oficina Antifraude’, de Cataluña.
Naturalmente, estamos en campaña electoral –hasta las 24 horas de hoy-, y en este país parece que todo vale, como ya constatamos en marzo de 2004. ‘Público’ y sus redactores no hacen más que ayudar a los suyos, aunque se estén jugando una investigación criminal, pues más allá del contenido de las citadas conversaciones, lo cierto es que su interceptación o grabación no consentida constituye a día de hoy un delito, de acuerdo con el artículo 197 del Código Penal.
Como es lógico, nada de eso les interesa, porque el fin último es soliviantar a los independentistas catalanes y provocar que acaben dando apoyo a Pablo Iglesias en su ambición de asaltar el poder, mientras se erosiona una hipotética tendencia a la recuperación del voto de los populares. Como en Venezuela, la ‘revolución’ avanza pisando derechos de los ciudadanos.
Personalmente, me importa un bledo si la conversación de marras transcurrió por derroteros inmorales o políticamente inaceptables. ¿Están ustedes dispuestos a que les graben y difundan públicamente las opiniones que expresan en la intimidad personal o profesional, o cuando cuentan un graciosísimo chiste racista o machista, o cuando se cagan en su cuñado o en el vecino? Seguro que no, porque precisamente en eso consiste el derecho fundamental a la intimidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución española. Y los cargos públicos están amparados no solo por ese derecho a la intimidad propio de cualquier ciudadano, sino también por la legislación que protege los secretos oficiales.
Solo los estados totalitarios –que tanto gustan a Iglesias- amparan o consienten semejante vulneración de derechos. Y España, claro, cuando hay elecciones, porque aquí parece que aplicar la ley sea un comportamiento fascista.
En cuanto al fondo, como ocurre con las escuchas ilegales de la policía, resulta absolutamente irrelevante, porque simplemente no tendríamos que conocerlo, como no sabemos lo que se delibera en un consejo de ministros, lo que Puigdemont habla con Junqueras para favorecer sus propósitos, lo que los podemitas conversan con el entorno político de ETA, o lo que le cuenta el rey al presidente del gobierno cuando se reúnen. O, si lo prefieren, lo que ustedes mismos comentan a sus amigos o familiares cuando opinan acerca de tal o cual persona o institución.
Aceptar entrar en este juego es minar las reglas democráticas y el imperio de la ley, consagrando la guerra sucia como método. Desde luego, todo un aviso de lo que nos espera si los podemitas acceden al poder.