El código ético aprobado por el Consell de Govern es un paso positivo pero insuficiente para avanzar en la transparencia y el buen gobierno. Esta es una demanda de la ciudadanía, que ante el alud de casos de corrupción y de comportamientos poco éticos, exige de las instituciones y de los partidos políticos ejemplaridad, austeridad y eficiencia. Sin embargo el texto aprobado orilla aspectos candentes que hubiera sido positivo clarificar, como el momento en que un cargo público debe dimitir en el caso de que produzca una acusación. Es cierto que cada partido ya tiene su propio criterio al respecto, pero quizás hubiera sido bueno abordar la cuestión desde un punto de vista institucional y unificar criterios, aunque resulte difícil.
Esta era una buena oportunidad, además, para establecer un régimen de sanciones con el que castigar las infracciones que se puedan producir, porque de lo contrario se queda en una mera declaración de intenciones que por positiva y loable que sea, carece de la fuerza legal que le otorgaría un régimen sancionaador.