El Parlament de les Illes Balears aprobó ayer que el conocimiento de la lengua catalana vuelva a ser un requisito para optar a un puesto de trabajo en la Administración pública autonómica. Gracias a los 31 votos a favor de PSIB, Podem, Pi, Més y Gent per Formentera, y pese a los 18 votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos, se vuelve a la situación anterior al cambio legislativo impulsado por el Govern de José Ramón Bauzá en el año 2012. En aquel momento el PP modificó la Ley de la Función Pública de les Illes Balears para que el catalán no fuera un requisito imprescindible para desempeñar un trabajo, sino únicamente un mérito puntuable, quebrando el consenso existente entre todas las fuerzas políticas desde 1986, cuando fue aprobada la Ley de Normalización Lingüística bajo el mandato del presidente Gabriel Cañellas.
Esa ruptura del consenso siempre contó con la mayoría de los escaños del Parlament (34 frente a 25), pero nunca fue respaldada por la mayoría social de la comunidad autónoma. De hecho se convocó una gran manifestación el día 25 de marzo que resultó multitudinaria, donde alrededor de 50.000 personas corearon “Bauzá dimisión” y protestaron por lo que consideraron un ataque a la identidad y la cultura propias. Aquella decisión que ahora acertadamente se revierte significó el primer divorcio grave entre el PP de Bauzá y la sociedad balear, además del detonante para movilizar a todas las fuerzas opositoras.
Esa ruptura del consenso siempre contó con la mayoría de los escaños del Parlament pero nunca fue respaldada por la mayoría social
Desgraciadamente para los populares y pese a las múltiples advertencias que les llegaban desde muchos lados (principalmente desde muchos alcaldes de la Part Forana y desde Menorca y las Pitiusas, donde acabaron sufriendo una sangría de votos), no fueron capaces de apercibirse de las graves consecuencias de aquel distanciamiento con la sociedad, pues generaron un gran problema donde no lo había, lo que a la postre les acabó pasando una factura letal. No hay que olvidar que llegaron al punto de expulsar de su formación política al entonces diputado autonómico y alcalde de Manacor, Antoni Pastor, quien acabó en las filas del Pi, partido que aglutina a descontentos del PP provenientes del ala más regionalista.
El PP no fue capaz de detectar el grave error cometido con aquella decisión y se enrocó en su defensa de una pretendida “libertad”, de la “no imposición del catalán” y otros argumentos peregrinos que continúa aún hoy esgrimiendo en boca de la exconsellera Núria Riera. Los populares no parecen haber aprendido la lección y siguen defendiendo los derechos de los aspirantes a un puesto de trabajo en el ámbito público. Ignoran que lo prioritario no es eso en ningún caso, sino los derechos de los mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses a ser atendidos en su lengua propia. Muchos ciudadanos (incluidos muchos votantes populares) percibieron la política lingüística del PP como un ataque a su lengua, su cultura y por extensión a su dignidad.
A partir de ahora se corrige la grave anomalía de que alguien pueda trabajar en la función pública autonómica y local sin conocer el catalán. Siempre pueden aprenderlo antes de opositar, como han hecho miles de funcionarios en Baleares sin ningún trauma u optar a una plaza en la Administración General del Estado o en las Fuerzas de Seguridad, donde nadie exige el conocimiento del catalán.