La cutre imagen de un despacho oficial –el de la Fiscalía anticorrupción- con un carrito de la compra del Mercadona cargado de expedientes seguro que sorprendió a más de un ciudadano, pero desde luego no a quienes, desarrollando distintas funciones, trabajan con frecuencia con la administración de justicia. Eso sucede hace mucho tiempo.
Uno esperaba que la posterior explicación dada por los responsables maquillara lo que se temía cada quien, pero casi fue peor la evidencia que la sospecha. El que un funcionario se hubiera encontrado el carrito junto a unos contenedores y hubiera decidido apropiárselo para darle un buen uso en la sede de un órgano de la justicia, y que ningún a Fiscal le hubiera llamado la atención ver semejante artefacto, rótulos publicitarios incluidos, denota que en este país las leyes son muy estrictas y la moral, en cambio, muy laxa.
A menos que Mercadona haya decidido enviarlos al reciclaje (en el día establecido por el Ajuntament, claro), o hacer donación desinteresada de sus excedentes de carritos de la compra –en cuyo caso sobraría la publicidad-, apropiarse de un bien cuyo dueño está perfectamente identificado es un hecho tipificado en el código penal, y no perseguirlo a sabiendas podría suponer encubrimiento o incluso cosas más feas. Que cutrez, de verdad.
La Abogada del Estado y codefensora de facto de la Infanta Cristina, Dolores Ripoll, ha destapado que, en realidad, lo de ‘Hacienda somos todos’ es mera publicidad engañosa, que el dinero recaudado por Hacienda no es de los ciudadanos, sino de Montoro. Pues hombre, al menos, el Tío Gilito del gobierno español podría dedicar parte de ese patrimonio a comprar para los Juzgados, Fiscalías y otras dependencias del Ministerio de Justicia unas carretillas para trajinar expedientes. Porque Hacienda está claro que no somos todos, pero como le desaparezcan más carros al Sr. Roig igual nos sube el precio de los garbanzos.