OPINIÓN

Decepcionantes 6 meses de Govern

Agustín Buades | Domingo 10 de enero de 2016
Calificaría los primeros seis meses del Govern de decepcionantes con políticas sin perspectiva de familia con la intención de derogar cualquier avance anterior e imponer la ideología de genero y nuevos privilegios a ciertos colectivos.

La derogación de la ley de maternidad de Baleares aprobada la legislatura pasada obedece a motivos ideológicos y no se podrá desarrollar la Disposición Adicional Unica en la que se indicaba que el Govern elaboraría un Plan Integral que incluía acciones y objetivos para hacer realidad la existencia de una eficaz red de apoyo a la maternidad con el consiguiente perjuicio ocasionado a la mujeres gestantes.

Además el único motivo que se esgrime en el decreto para su derogación es la existencia de la ley actual del aborto lo que deja en el abandono a las mujeres embarazadas en situación de exclusión social.

El invierno demográfico y envejecimiento poblacional que sufre nuestra sociedad, exige iniciativas que apoyen la natalidad, ya que es una necesidad incluso desde el punto de vista económica.

En segundo lugar se ha presentado la ley de Igualdad de mujeres y hombres del Govern, ley que quiere imponer la llamada ideología de género: ideología que proclama la superación del actual modelo de sociedad mediante la transformación de la diferenciación sexual en puras categorías culturales y, por consiguiente, opcionales y elegibles.

En dicha ley se quiere imponer un único sistema pedagógico como la coeducación. (art.3,q; art.25.3), consolidar el aborto como derecho (art.3,t), querer imponer de una manera injusta la igualdad entre mujeres y hombres y criminalizar a mujeres que no piensan como las feministas radicales (art.6,f) ,todo debe pasar por su filtro del género. (auditorias,presupuestos, etc.…) (art.7,1 y 11,1;art.40,4), creación de decenas de comisarios políticos de igualdad (art.18.1) e impone un distintivo de igualdad a las empresas (art. 23.2).Además intenta imponer la ideología de género a los alumnos (art.26) sin conocimiento de los padres con la planificación familiar a los adolescentes (art.26,g) y todo con un intervencionismo gubernamental en los medios de comunicación y en la publicidad (art. 60 y ss).

Además se presentó la “Proposición de Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays,transexuales,bisexuales y intersexuales y para erradicar la LGTBI fóbia" en el Parlament de les Illes Balears por los partidos políticos que apoyan el Govern.

Es una ley que privilegia a un grupo de personas en razón únicamente de cómo viven su sexualidad, y esto es grave, y singularmente histórico, en el sentido de que nunca una determinada interpretación de la satisfacción sexual ha tenido reconocimiento institucional como se pretende ahora lo que hace de la ley propuesta una norma injusta y discriminatoria.

La negativa rotunda a desarrollar una ley sobre la discriminación en general, y en su lugar dedicar la protección a un solo grupo muy específico, a pesar de que es precisamente este, el LGTBI, el que ya cuenta con una amplia legislación protectora e importantes apoyos.

La inversión de la carga de la prueba, un mecanismo perverso mediante el cual quien denuncia no ha de aportar ni demostrar nada sino que es el denunciado quien debe demostrar su inocencia. El alud de problemas que puede provocar en las empresas, cuando haya de por medio una persona LGTBI, puede ser considerable. Porque este enfoque se convierte en una poderosa arma de chantaje. Esto puede tener un efecto boomerang: que las empresas se lo piensen dos veces antes de contratar a una persona de aquellas características por el lío en que pueden meterse. Y lo mismo puede suceder con las escuelas y/o cualquier asociación.


Incluye unas sanciones que hay que recordar que la homofobia, cuando es judicialmente probada, y por consiguiente con garantías de presunción de inocencia por parte del acusado está ya sancionada penalmente en España. Ahora por la vía de la arbitraria inversión de la carga de la prueba, añade unas importantes sanciones por la vía administrativa.


Y por último atenta contra el derecho de los padres, y de los centros educativos con ideario, a la educación moral y religiosa de sus hijos, porque la ley obliga a considerar la homosexualidad y la bisexualidad , y en esta premisa han de estar educados nuestros hijos.

Les pediría a nuestros gobernantes una verdadera política con perspectiva de familia que ayude y proteja las verdaderas necesidades de las familias de Baleares que han sido las protagonistas de la recuperación económica que se empieza a vislumbrar.

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