Tras el encuentro con el Ejecutivo autonómico, De Benito ha precisado que hasta que no se conozca el "texto definitivo" -la ley podría estar aprobada en marzo y el reglamento que la desarrolle entre mayo y junio- no "saben por dónde trabajar" pero ha explicado que "desde antes de las elecciones sus servicios jurídicos ya están trabajando". "Si es viable llevar a cabo recursos de inconstitucionalidad o impugnaciones, desde luego los agotaremos", ha añadido.
Según ha dicho, "la Ley nace sin claridad ni planificación, no hay un plan para la aplicación de fondos, es tremendamente discriminatorio y es contrario a todas las políticas que se deberían desarrollar, ya que no se debería no gravar más a una industria que ya aporta 2.500 millones".
De Benito ha expresado que ellos aceptarían que el impuesto tuviera vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 -entrando en vigor en 2017 ya que así se ligaría "a la mejora de la financiación".