La semana pasada María Salom, presidenta del Consell de Mallorca, acompañada de la consellera insular de Medi Ambient, Catalina Soler, anunciaron públicamente su intención de remitir a la Fiscalía el contrato que la institución insular firmó con la empresa Mac Insular, concesionaria del servicio público de gestión de residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos de Mallorca. Con un informe elaborado por funcionarios del Consell, Salom esgrime una serie de presuntas irregularidades que le permitirían anular este contrato, irregularidades que la empresa niega tajante defendiendo la eficiencia del servicio y acusando al Consell de ignorar sus propuestas para abaratar los costes del servicio y asegurar su viabilidad. Todo eso sucede tras una larga sucesión de desencuentros entre el Consell y Mac Insular y tras un proceso de negociación que no ha fructificado.
En el pleno del Consell celebrado el jueves día 11, se fue un paso más allá y por unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSIB y Més per Mallorca) se acordó la creación de una comisión que revise todos los grandes contratos firmados por la institución, principalmente el contrato con Tirme por la gestión de residuos y con Pamasa por la construcción, conservación y explotación de la carretera de Manacor.
Más allá de las valoraciones de índole jurídico de esta llamativa decisión del Consell, conviene reflexionar acerca de qué está haciendo María Salom y el PP de Mallorca apoyando una iniciativa de la oposición como la que se aprobó recientemente. La propia Salom reconoció que esto suponía abrir un melón y que no se sabe cómo puede acabar el asunto. Lo primero que cabe exigir a nuestros representantes es responsabilidad porque a veces el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Ni Salom ni por supuesto la oposición, en el hipotético caso de que se declarara nulo el contrato con Mac Insular tras un dilatado proceso judicial, saben qué harán. Podrían convocar otro concurso pero ¿qué empresa querría contratar con el Consell sabiendo que ¡diez años más tarde! los mismos que votaron a favor contando con todos los informes favorables –como sucedió en 2003 con el propio voto de María Salom– pueden alegar que hay irregularidades para anular el contrato? ¿Qué empresa querrá someterse a este nivel de arbitrariedad y capricho, a esta falta de seriedad tan escandalosa? Es paradójico que sea el PP quien se llena la boca de la manida seguridad jurídica y luego actúa como un kamikaze.
Otra opción es que la gestión de los escombros y los residuos voluminosos y neumáticos sin uso la asuma directamente el Consell. ¿Se imaginan el desastre? ¿Qué lo que ahora gestiona una empresa lo pase a gestionar directamente la Administración y sus funcionarios? Esa es una propuesta que sin duda aplaudirán los grupos de la oposición, tan proclives a la demagogia, pero que choca con los planteamientos ideológicos tradicionales del PP, a no ser que ya hayan abjurado también de eso, como con la creación de impuestos medioambientales con una finalidad netamente recaudadora.
El contrato de Tirme que ahora se quiere revisar es aún mucho peor. Primero porque como ya hemos contado en mallorcadiario.com fue el propio PP quien lo firmó en tiempos de Joan Verger el contrato para la gestión de residuos sólidos urbanos a Tirme. Es decir, a propuesta de sus rivales políticos de la oposición, el PP se dispone a revisar un contrato hecho por el PP. ¿Son conscientes de lo que están haciendo? Seguramente no lo hayan pensado bien.
Es cierto que la apertura de la segunda línea de incineración en Son Reus fue firmada por Francina Armengol, actual secretaria general del PSIB, y que quizás el PP confía en encontrar algún resquicio para poder atacar al azote de José Ramón Bauzá en el Parlament. O a su antecesor al frente de los socialistas, el ex president Francesc Antich, quien, no lo olvidemos, fue conseller insular de Medi Ambient del Consell.
Toda esta inercia revisionista que ahora empuja a los populares de Mallorca, de los contratos que ellos mismos firmaron y que en todos los casos apoyaron con sus votos (votaron a favor del contrato de Mac Insular en 2003, a favor de contrato de Pamasa en 2004 y de Tirme en 1992) puede estar camuflando una acción para obligar a estas empresas a renegociar a la baja sus ingresos, bajo la amenaza de la Fiscalía y la nulidad del contrato. Pero si esto fuera así, trae aparejada la tritura de la seguridad jurídica y de la seriedad que se suponía a un partido de gobierno como hasta ahora había sido siempre el PP. Es lo que tiene ir contra sus propios actos, algo que también prohíbe el Código Civil: que pierdes todo resto de credibilidad para siempre.