EMILIO ARTEAGA. Desde que empezaron los recortes en los presupuestos de la sanidad, uno de los argumentos recurrentes que nuestros gobernantes, estatales y autonómicos, de todos los colores políticos, han repetido como un mantra es el de que no afectarían a la asistencia. No parece sin embargo que la realidad avale esa pretensión. Si bien es cierto que una discreta disminución de los presupuestos puede ser compensada con medidas de ahorro en la prescripción farmacéutica, de mejora en la gestión, o de optimización del uso de los recursos disponibles, todo tiene un límite y el recorte del presupuesto sanitario ha alcanzado ya unos niveles que difícilmente pueden ser compensados sin una rebaja en la cantidad o la calidad, o ambas, de las prestaciones. De hecho, hacer pagar más por los medicamentos, sobre todo hacer pagar a los pensionistas, ya es de por sí una disminución de la calidad de la asistencia.
Pero nuestros políticos siguen insistiendo en su mantra, no se sabe si ignorantes de su descrédito absoluto entre los ciudadanos, o ajenos a él, si ensimismados en su autocomplacencia, o displicentes y cínicos. Estos últimos días, por poner un ejemplo de otra comunidad autónoma, el conseller de sanitat de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, reconocía que el sistema sanitario público catalán está al borde del colapso financiero, pero, añadía, ello no va a influir en la atención de los ciudadanos. Con independencia de lo difícil de creer que resulta el hecho de que un colapso financiero no vaya a influir en la prestación del servicio, hay datos e informaciones que desmienten al conseller. Los farmacéuticos catalanes han advertido del más que probable desabastecimiento de las farmacias, con las consecuencias que ello tendría para los ciudadanos, si no se soluciona en breve y de modo permanente, sin más parches coyunturales, el problema del pago de las facturas de la dispensación de medicamentos financiados por el sistema nacional de salud. También se ha sabido que hospitales adscritos al sistema sanitario público catalán están ofreciendo servicios tarifados a cargo del paciente, tales como habitaciones individuales, o camas y sillones reclinables para acompañantes.
Otro ejemplo de que los recortes sí afectan a la asistencia la tuvimos en el hecho de que el Govern Balear derogó el decreto de garantía de demora, que permitía a los pacientes recurrir a recibir asistencia en la sanidad privada, con cargo a la conselleria, si la demora era superior a seis meses para intervenciones quirúrgicas, o de dos meses para consultas con especialista. Solo quedan garantizados los procesos indicados en el real decreto 1039/2011 del gobierno central, como las intervenciones cardíacas, de cataratas, de prótesis de cadera y rodilla, etc.
Es cierto que la inercia positiva de funcionamiento del sistema va permitiendo que los indicadores básicos de salud de la población, de momento, no empeoren, pero más pronto que tarde, las consecuencias del deterioro de los programas de prevención y de la asistencia sanitaria se reflejarán en las estadísticas.
En la Unión Soviética la esperanza de vida en 1988 era de 70 años. A los pocos años de su desintegración y la subsiguiente crisis económica, que supuso la desaparición de muchos programas de asistencia social, así como el deterioro rampante del sistema sanitario, había caído más de 5 años. En 2005 era de unos 66 años y en 2010 Putin anunciaba en un exceso de triunfalismo que había subido a 69 años, cifra que no todos comparten. Algunos informes, citando al Instituto Estatal Ruso de Estadística, la sitúan en 2011 en algo más de 66 años. Pero incluso aunque la cifra de Putin sea cierta, 20 años después de la caída de la Unión Soviética la esperanza de vida de la población rusa aun es inferior a la que tenía entonces.
Las consecuencias negativas del deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria tardan un cierto tiempo en empezar a hacerse evidentes y la recuperación luego es lenta y difícil. El ejemplo de lo ocurrido en el Reino Unido con el National Health Service debería servir a nuestros políticos de elemento de reflexión para no repetir aquí los mismos errores.
Y uno de los aspectos más irritantes para los ciudadanos es el de la memoria volátil de los políticos. Cuando dentro de unos años tengamos la constatación fehaciente del fracaso de las actuales políticas sanitarias, cuando el deterioro del sistema nacional de salud sea ya de difícil recuperación, cuando las estadísticas y los indicadores de salud hayan empeorado sustancialmente, los políticos que vienen gobernando desde que empezó la crisis, o sus sucesores en el mismo partido político, sea el que sea, se olvidarán de su responsabilidad en las decisiones actuales e incluso, si son los adversarios los que estén gobernando en ese momento, les harán responsables únicos del desastre.