Después de denunciar a Iñaki Urdangarin y pedir la imputación en la infanta Cristina, ahora el sindicato Manos Límpias ha puesto su punto de mira sobre jueces y fiscales estrellas. Según informa el periódico La Gaceta, Manos Limpias ha denunciado ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a los fiscales Juan Carrau, Pedro Horrach y Adrián Salazar, y al juez José Castro por un delito de fraude a la Hacienda Pública. La denuncia ha sido interpuesta en nombre del presidente del sindicato Miguel Bernard.
Además, Manos Limpias también ha extendido su denuncia contra los fiscales ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública y falsedad documental y por falta administrativa muy grave al incurrir en una conducta irregular “que compromete la dignidad de la función fiscal”.
Todos ellos han sido denunciados por escriturar sus viviendas por un precio notablemente inferior al precio de mercado, lo que supone un pago inferior en concepto de impuestos.
Más concretamente, y siempre según La Gaceta, Juan Carrau escrituró un sobreático por 54.000 euros cuando había sido valorado en 117.500 euros; el fiscal antidroga Adrián Salazar declaró un chalet con parcela en Santa Ponsa en 500.000 euros cuando fue tasado por un banco en 1.436.000 euros; finalmente, José Castro escrituró su vivienda y un solar por 163.625 euros cuando el banco cifró dicha propiedad en 329.007 euros.
Por lo que se refiere a Pedro Horrach, ya había sido denunciado con anterioridad por escriturar un ático en Palma por 240.404,84 euros cuando el banco lo había valorado en 332.234,39 y lo mismo con un chalet de Son Bauló (Can Picafort) que a pesar de estar valorado por el banco por 313.000 euros el precio oficial que se hizo constar fue de 180.000.
La denuncia contra Pedro Horrachva más allá al mencionar que desde los ordenadores del Ministerio de Justicia habría realizado negocios privados al haber negociado la compra de un hotel en Panamá valorado en 570.000 y la compra de una fábrica de alimentos en Buenos Aires (Argentina), con un coste de 69.000 dólares. En la denuncia se aportaron correos electrónicos que daban fe de ello.