MARC GONZÁLEZ. La cacareada sentencia de conformidad del caso Pallerols está meneando un poquito más los arcillosos cimientos de nuestra justicia.
Lejos de cargar contra UDC, como hacen algunos desde Barcelona y Madrid ex aequo, lo que me gustaría destacar de este asunto es la incoherencia supina de que hace gala en nuestro país una institución tan importante como la fiscalía anticorrupción.
Posiblemente, en la bonanza del pacto con los acusados de UDC hay que buscar razones vergonzantes para la propia justicia, como lo es sin duda la dilación en más de quince años en juzgar este asunto. A buen seguro, de haberse celebrado el juicio, el tribunal se hubiera visto obligado a aplicar una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que, a la postre y dicho en román paladino, se hubiera traducido en una notoria rebaja de la condena de privación de libertad. Por tanto, la sentencia catalana es perfectamente legal, aunque sin duda chocante para la ciudadanía.
Otra cosa es la justicia. Si España fuera el estado federal que no es, probablemente este delito -que, siguiendo la terminología norteamericana, sería también federal- se perseguiría con igual ahínco en cualquier parte del territorio. Pero, claro, en esta España de las autonomías del famoso café para todos, aunque a algunos territorios -como el nuestro- se lo sirvan caducado, aguado, descafeinado y sin azúcar y a otros con nata y chocolate, la legalidad es cualquier cosa menos sinónimo de justicia. Porque, amigo mío, para que la legalidad implique justicia tiene que ser igual para todos, y ahí es donde está el talón de Aquiles de la fiscalía anticorrupción: Mientras que en Barcelona, por una confesada desviación de fondos públicos de casi 400.000 euros la fiscalía pide un año y medio de prisión -lo que implica no entrar en la cárcel y, por tanto, una cuasi absolución-, en Mallorca tenemos a un político en prisión -y va para cuatro años- por una práctica similar, eso sí, por un importe de 12.000 euros, que, además, ya ha restituido.
No seré yo el que defienda ni aplique lenitivos a comportamientos como aquél por el que se condenó al Sr. Vicens. Pero, hombre, llama poderosamente la atención que, mientras aquí la fiscalía se opone incluso a que este señor disfrute de un permiso navideño, en Barcelona esté, en consonancia con la época del año, de rebajas de enero.
Y no cabe apelar en este caso a la independencia judicial, porque aunque es cierto que cada juez es supuestamente independiente en su toma de decisiones, la fiscalía, por el contrario, es un órgano jerarquizado que actúa a las órdenes del fiscal general del estado y conforme -supuestamente, claro- a unas instrucciones iguales en todo el territorio.
No se comprende tampoco cómo no se ha mencionado siquiera al Sr. Durán -actual presidente de UDC, diputado en Madrid y socio de Mas- en todo este proceso, cuando aquí la fiscalía se está dejando el pellejo en encontrar algo para condenar, sea como sea, a la expresidenta de UM, Maria Antònia Munar, como demuestra el hecho de que todavía intente aferrarse para ello a un testimonio tan débil, extemporáneo, interesado y judicialmente desacreditado como el de Álvaro Llompart.
Tiendo a ser bien pensado, de modo que por nada del mundo les afirmaría que Duran pudiera ser la clave para minar el plan soberanista de CiU-ERC y, que, en consecuencia, al estado español le interesa sobremanera tenerlo pillado por los cataplines. Ca, yo jamás les insinuaría algo tan indecente.