El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Palma ha fijado para este jueves la continuación de la tramitación de la demanda civil interpuesta por el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, contra el secretario general de UGT, Lorenzo Bravo, con la celebración de una audiencia en la que la jueza dirimirá si la Abogacía autonómica está facultada para ejercer acciones legales -en nombre de Bauzá- contra el dirigente sindical y el propio sindicato por los improperios a los que presuntamente fue sometido el jefe del Ejecutivo balear por parte de Bravo.
En una providencia, la magistrada del Juzgado, María Isabel Frade, afirma que ha fijado la vista para esa jornada una vez subsanados los defectos procesales en los que incurrió el jefe del Ejecutivo balear, quien interpuso la demanda contra Bravo y UGT a pesar de que un acuerdo del Consell de Govern le facultaba a ejercer acciones penales sólo contra Bravo y únicamente por el calificativo de "fascista" pero no para acudir a la vía civil ni a demandar al sindicato, como tampoco por otros insultos.
Así, después de que la jueza instase al gabinete autonómico a dictar un nuevo acuerdo que habilitase a Bauzá si su pretensión pasa por llevar adelante una demanda de protección de derecho al honor, la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha aportado al Juzgado un nuevo acuerdo del Consell de Govern que extiende el ejercicio de acciones legales a UGT -ya no sólo contra Bravo- y faculta a Bauzá para que pueda demandarles por los otros supuestos improperios.
Sin embargo, el letrado que representa a Bravo y al sindicato, Pablo Alonso de Caso, entiende que no ha sido subsanada la falta de capacidad procesal del presidente, por lo quec"no se dan todos los presupuestos procesales" para que la jueza "entre en el fondo del asunto". Unas consideraciones que expondrá este jueves de forma más detallada.