Desde que empecé a escribir en Mallorcadiario.com, han venido acompañando a mis escritos, de forma discontinua pero persistente, comentarios que no aportaban nada al tema del artículo, sino que se limitaban a verter insinuaciones calumniosas dirigidas contra mi, todos ellos, por supuesto, desde el anonimato cobarde, indigno y vil. Siempre había pensado que no se debe entrar en polémicas con quien esconde su identidad y, en consecuencia, nunca he contestado a los mismos. Sin embargo, en las últimas semanas, con motivo de comentarios que he leído en este y en otros medios digitales (o versiones digitales de medios tradicionales, de los que tienen edición impresa) referidos a otras personas, he estado reflexionando sobre el tema de la libertad de expresión y sus límites, la calumnia, la difamación y la injuria (podría añadirse el insulto, al menos el insulto gratuito, innecesario) y hete aquí que el artículo de la semana pasada ha recibido dos comentarios que pueden considerarse paradigmas, arquetipos si se quiere, de la infamia y he decidido dar una respuesta personal a los mismos como introducción a una reflexión general que, en realidad, es lo importante, más allá de mi peripecia individual.
La difamación, la calumnia, la injuria, tienen como objetivo la destrucción de la honra y el prestigio de una persona. Para ello se recurre a una mezcla, en proporciones variables, de rumores, informaciones parciales, ambigüedades, ocultación de datos y hechos, mentiras, medias verdades y, en definitiva, una presentación sesgada deformada y tendenciosa de la realidad, de modo que quienes reciben la información se formen una idea falsa y negativa de la persona objeto de la persecución.
Por una única vez, voy a hacer un resumen de los hechos a los que pretenden hacer referencia los citados comentarios difamatorios hacia mi persona. Hace quince años, siendo yo jefe de servicio de microbiología del hospital Son Dureta, la gerencia y la dirección médica del hospital iniciaron un proceso contra mi, con la colaboración de algunos médicos y otro personal del propio servicio, así como de algunos otros médicos del hospital, en el que me acusaban de gasto indebido de reactivos y material, se supone que para percibir comisiones ilegales. Todo ello desembocó en la presentación de una denuncia a la fiscalía, por los posibles delitos de malversación de fondos públicos y perjuicio a la Administración Pública. El proceso estuvo en todo momento bajo la supervisión del entonces director general de Insalud, Javier Rodrigo de Santos, quien, como sabemos, cumple actualmente pena de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, él sí, y pederastia. Curiosamente, la denuncia no la presentó el Insalud, sino el sindicato comisiones obreras. Como consecuencia de la denuncia, el juez de primera instancia ordenó a la división de delitos económicos de la Policía Nacional que investigara mi economía y la de mi familia. Al final, después del informe de la Policía, la fiscalía hizo un escrito demoledor a mi favor, en el que exponía que no había ningún indicio de haber cometido ningún delito por mi parte y en el que incluso dudaba que yo hubiera estado en disposición de cometerlo, remitiendo posibles responsabilidades de hipotéticos gastos excesivos a otras instancias. Tras estos dos informes, de la Fiscalía y de la Policía, el juez dictó auto de archivo, al no observar indicio alguno de delito ni de enriquecimiento ilícito por mi parte. Comisiones obreras presentó recurso ante la Audiencia Provincial al que, ahora sí, se añadió Insalud. Finalmente, la Audiencia también dictó auto de archivo, ya que tampoco observó indicio alguno de comisión de delitos ni enriquecimiento ilícito. Así pues, los tribunales me exoneraron por completo y se pronunciaron a mi favor, tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial. Una vez finalizada a mi favor la cuestión penal continuó el ensañamiento de Insalud contra mi y, ya que no era cuestión de soltar la presa y, sobre todo, de investigar otras posibles responsabilidades, me abrió un expediente disciplinario que fue una auténtica pantomima, puesto que estaba definida desde el principio la sanción que me iban a aplicar, la separación definitiva del servicio. Esta es una sanción gravísima, puesto que no solo supone la pérdida del trabajo, sin indemnización, sin derecho a subsidio de desempleo, sino que además te condena a no poder ocupar nunca más un puesto de trabajo en la Administración Pública. Todo ello dirigido por Rodrigo de Santos. Tuve que recurrir de nuevo a los tribunales y, finalmente al cabo de tres años, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anuló la sanción, la sustituyó por tres años de suspensión de empleo y sueldo, curiosa casualidad, habían transcurrido tres años desde mi sanción, y obligó a Ib-salut, con tanto tiempo transcurrido se había producido la transferencia de las competencias en sanidad, a readmitirme en mi plaza de médico especialista en microbiología en el hospital Son Dureta. Unos meses después de estar reintegrado en mi puesto de trabajo, se convocó un concurso de traslado al hospital de Inca, concurso al que me presenté y en el que obtuve el traslado al citado hospital de Inca, en el que actualmente sigo desempeñando mis tareas profesionales.
Queda clara por tanto, la infamia de los comentarios a mi artículo de la semana pasada, bueno, no al artículo, ya que nada tienen que ver con él, digamos los comentarios remitidos aprovechando la tribuna que suponía el artículo. El segundo comentario es particularmente indecente. Primero dice que “ha preguntado”. A saber a quién habrá preguntado, ya que todas las sentencias judiciales, así como el concurso de traslado son públicos y se pueden consultar, de modo que no acierta ni una: los tribunales me exoneraron de todo delito, así que no “me pillaron en nada”; sí que es cierto que me echaron de Son Dureta, aunque es una forma muy primitiva de expresarlo, en realidad me sancionaron con la separación definitiva del servicio y gané en los tribunales mi readmisión, no me “salvó” nadie del sindicato médico. De hecho, el sindicato médico no tuvo prácticamente ninguna participación en todo el proceso, más allá del apoyo moral que a título individual me dio alguno de sus miembros. Ni siquiera el abogado del sindicato me defendió en el contencioso-administrativo, que hubiera sido lo lógico. Mis abogados los contraté y los pagué yo de mi propio peculio. En cuanto al traslado a Inca, fue mediante concurso público, nadie me envió a “la meca del PP”. Teniendo en cuenta que fue Rodrigo de Santos, persona en aquel entonces muy principal dentro del PP mallorquín, que luego sería aun más preeminente, hasta su caída, quien dirigió todo el proceso contra mi, no es muy creíble que luego me ayudara el PP en lo más mínimo. Con ello, quien escribe ese comentario demuestra que, además de miserable como persona, es también intelectualmente miserable. En cuanto a lo de las comisiones, los autos de archivo por no haber indicio de delito ni de enriquecimiento ilícito hablan por sí solos. Lo mismo es aplicable a las “explicaciones” que pide el autor del otro comentario, no tengo que dar explicaciones de ningún delito, puesto que ninguno cometí.
Pero, en realidad, todo esto a esa gentuza no le importa en absoluto. Ya que su objetivo es desprestigiarme, recurren a las armas clásicas de la difamación: la mentira, la ocultación de datos, (nunca mencionan todos los autos y sentencias judiciales a mi favor), la presentación deformada de otros, la insinuación de comportamientos delictivos, las medias verdades, la exageración, etc. Quienes se dedican a difamar no son sino sabandijas repugnantes, escoria, desechos humanos en estado de putrefacción licuefacta, pero quienes lo hacen parapetándose en el anonimato son, además, unos cobardes, cobardes que se aprovechan de la protección que les proporciona la ocultación de su identidad para vomitar su basura. Pero no podrían hacerlo si no se les proporcionara una tribuna gratuita desde la que lanzar sus ofensivas. Los medios de comunicación digitales deberían meditar seriamente sobre como evitar convertirse en vehículos de expresión de indeseables que se dedican a difamar, calumniar, injuriar e insultar. Existe una comprensible y legítima aversión a limitar la libertad de expresión, que es un derecho y una conquista de las sociedades democráticas, pero ese derecho no es extensible a la difamación, que es un delito. El contraste de opiniones, incluso duro, es saludable y necesario. La crítica, incluso acerada, debe aceptarse como parte del proceso intelectual democrático. La confrontación de ideas es una de las características de las sociedades sanas y respetuosas consigo mismas. Pero la difamación, la calumnia, la mentira, el insulto no forman parte de todo ello y menos aun cuando se realizan de forma anónima. La Red, que nos proporciona unas posibilidades casi infinitas de compartir y confrontar ideas, se está convirtiendo, por desgracia, en una cloaca en la que hordas de ratas humanas introducen y muestran gran parte de lo peor, más sórdido, más rastrero y más repugnante que puede imaginar la especie humana. Ahora bien, si gran parte del espacio virtual es prácticamente incontrolable, los medios de comunicación sí pueden controlar lo que publican. No se trata, en absoluto, de censurar y limitar la libertad de expresión, se trata de no consentir la difamación, que no es libertad de expresión, sino delito. Además, al hacerlo desde el anonimato se está conculcando un derecho inalienable de los ciudadanos de las sociedades democráticas, que es el derecho a la legítima defensa. Los escritos difamatorios, o no se deben publicar, o se han de publicar con nombre, apellidos y DNI, de modo que todos sepamos a que atenernos, ya que si no sabes quien te ataca, no puedes defenderte.
Los medios de comunicación han de considerar si deben seguir dando cobertura y protección de anonimato a la difamación y a la calumnia sistemáticas. Al fin y al cabo, si un medio empieza a llenarse de comentarios insultantes y difamatorios y, por pasividad, no hace nada por solucionarlo, acabará perdiendo todo su prestigio y convirtiéndose él mismo en un medio panfletario, en un puro libelo.